HONDURAS. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CJS) declaró la tarde de ayer viernes como inconstitucional, por mayoría de votos, la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), por vulnerar los artículos pétreos.
A través de su cuenta de X, el ente judicial dio a conocer que, tras la culminación de la sesión del pleno se determinó declarar inconstitucional el Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las ZEDES.
Posteriormente, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, detalló que dichos artículos con considerarlos como pétreos. «El primero de esos artículos (294) tiene que ver con la organización del territorio nacional. El 303 tiene que ver con el sistema de justicia y cómo se aplica en el país, mientras el 329 tiene relación con el régimen económico que debe respetarse en el país», explicó.
En ese sentido, primero se declara la reforma a los artículos antes descritos, así como el decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las ZEDES, con efectos nulatorios, por vulnerar el texto pétreo de Constitución de la República.
La reunión del pleno de la CSJ, que fue convocada para discutir estos temas clave, no estuvo exenta de controversia. Se reportó que algunos magistrados afines al partido de gobierno intentaron integrar suplentes leales para influir en las decisiones. No obstante, este plan no se concretó y la sesión se llevó con normalidad, con cuatro magistrados de manera virtual al estar en el extranjero.
¿Qué magistrados votaron a favor de eliminar las ZEDES?
- Rebeca Raquel Obando (Partido Libre) votó a favor
- Rubenia Galeano (Partido Libre) votó a favor
- Mario Díaz (Partido Libre) votó a favor
- Milton Jiménez (Partido Libre) votó a favor
- Gaudi Bustillo (Partido Nacional) en contra
- Walter Miranda (Partido Nacional) en contra
- Odalis Nájera (Partido Liberal, vía Zoom) en contra
- Nelson Mairena (Partido Liberal, vía Zoom) en contra
- Roy Pineda (Partido Libre, vía Zoom) votó a favor
- Anny Ochoa (Partido Nacional, vía Zoom) en contra.
Cinco magistrados suplentes también estuvieron presentes:
- Marvin Espinal Pinel (Partido Nacional) en contra
- Luis Discua (Partido Nacional) en contra
- José Ricardo Pineda (Partido Libre) votó a favor
- Aida Patricia Romero (Partido Libre) votó a favor
- Felipe Esper (Partido Liberal) votó a favor.
Recurso
Es importante recordar que la Sala Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contra este modelo. Sin embargo, la votación en dicha Sala no fue unánime, ya que dos de los cinco magistrados votaron en contra de la inconstitucionalidad. Ante esta situación, el recurso pasó al pleno de la CSJ para su resolución final.
El recurso de inconstitucionalidad presentado por la UNAH se centró específicamente en el artículo 34 del Decreto Legislativo No. 120-2013, que establece que las ZEDES deben implementar sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles.
A este artículo la universidad lo considera violatorio a la autonomía educativa. La Sala de lo Constitucional ya había resuelto a favor del recurso, argumentando que dicho artículo contravenía el artículo 160 de la Constitución de la República, que otorga a la UNAH la exclusividad de organizar y dirigir la educación superior en el país.
Duarte detalló: “El proyecto mayoritario en el caso de la ZEDE establece la inconstitucionalidad de toda la ley de la ZEDE. Por otro lado, el voto minoritario es solamente por inconstitucionalidad del artículo 34”.
Este modelo, que buscaba atraer inversiones extranjeras, ha sufrido fuertes críticas por presuntamente violar derechos de las comunidades locales y atentar contra la soberanía nacional.
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“Justicia para el país”
Una vez declarada la inconstitucionalidad del decreto, la presidenta Xiomara Castro expresó su satisfacción por la decisión del pleno.
“Celebramos y reconocemos la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la CSJ, que por mayoría de votos declaró inconstitucional el Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las ZEDEs, por vulnerar artículos de nuestra soberanía. La justicia para el pueblo hondureño, es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía”, escribió la mandataria en X.
Celebramos y reconocemos la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la CSJ, que por mayoría de votos declaró inconstitucional el Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley…
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) September 20, 2024
Por su parte, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, señaló: “hoy y en este mes de la patria, celebramos un avance importante en la defensa de nuestro Estado de derecho y la soberanía nacional con la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”.
Ley de amnistía política
La reunión de los magistrados continuó con la discusión de la ratificación del decreto 04-2022, el cual dio vida a la Ley de Amnistía. Esta normativa fue aprobada inicialmente con el objetivo de ofrecer protección legal a personas acusadas o condenadas por delitos políticos, especialmente en el contexto del «Golpe de Estado» de 2009.
No obstante, en esta ocasión no se logró culminar la discusión para legalizar o no definitivamente el decreto, por lo que se suspendió la sesión y se convocó para el día martes 8 de octubre a las 8:30 de la mañana para continuar su análisis.
La amnistía ha sido defendida por sectores afines al partido de gobierno, quienes consideran que es una medida necesaria para corregir injusticias cometidas en el pasado. Mientras, otros actores políticos han señalado que la ley es un “pacto de impunidad” que se utiliza para exonerar a personas que han cometido delitos graves bajo la excusa de persecución política.
La derogación de las ZEDEs es considerado para gran parte de la población como un logro significativo del actual gobierno. Sin embargo, sectores opositores han mencionado que la derogación del decreto podría tener un efecto retroactivo que abre la posibilidad a que más adelante se declare el pacto de impunidad como inconstitucional.