David Elías Campbell Licona, considerado el jefe de la Mara Salvatrucha MS-13 de Honduras y sentenciado el pasado mes de enero en Nicaragua, también fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos o presuntos narcotraficantes. En esta misma lista está incluido el prófugo Yulan Adonay Archaga Carias, más conocido como «El Porky».
A él se le acusa de ser uno de los proveedores de armas y drogas a Yulan
Adonay Archaga Carias, acusado en el Distrito Sur de los EE. UU. de Nueva York por varios cargos de conspiración, incluidos extorsión, importación de cocaína, asesinato y posesión de ametralladoras, asociados a la MS-13.
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¿Quién es David Campbell?
David Elías Campbell Licona, de 55 años, es uno de los jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) de Honduras. El 23 de febrero de 2016, en la llamada operación Avalancha, las autoridades hondureñas le ocuparon una lujosa residencia y una empresa transnacional de transporte pesado que contaba con 100 rastras.
El juez sentenciador también ordenó el decomiso de los vehículos, dinero y armas ocupado a los seis condenados.
Con esas rastras David Campbell y sus compinches supuestamente trasladaban droga a otros países centroamericanos como Guatemala y el dinero obtenido del negocio ilícito lo lavaba invirtiendo en hoteles y tiendas. Por eso, estaba circulado por la Policía Internacional (Interpol).
Condenan en Nicaragua
Tras permanecer prófugo de la justicia hondureña, fue capturado el 19 de junio de 2022. El arresto ocurrió en un operativo policial que se ejecutó de manera simultánea en las ciudades de Managua y Nindirí, ambas en el Pacífico nicaragüense.
En el operativo, la Policía de Nicaragua también detuvo a un hombre de nacionalidad hondureña y cuatro nicaragüenses. Además, decomisó 407.000 dólares, así como diez vehículos con compartimientos ocultos y un arma de fuego, de acuerdo con la información.
La justicia de Nicaragua condenó a 15 años de prisión. Además, le impuso una multa millonaria de 59 millones de córdobas (1,6 millones de dólares) al Estado de Nicaragua.