Redacción. Un juez dictó auto de formal procesamiento con medidas diferentes a la prisión preventiva a Mirian Esther Bonilla Hernández, una policía penitenciaria acusada de agredir a dos reclusas en el centro penal de Santa Rosa de Copán, Copán.
La medida la obtuvo como parte acusadora la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) tras la celebración de la audiencia inicial. En el espacio procesal presentaron la carga probatoria en contra de la agente.
A Bonilla Hernández se le acusa de la comisión de los delitos de tratos crueles, inhumanos o degradantes en perjuicio de dos reclusas. Debido a que no irá a prisión deberá cumplir las medias establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal.
Las medidas son:
- Someter a la imputada al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe periódicamente al juez.
- Obligar a la imputada a presentarse periódicamente ante un determinado juez o autoridad que éste designe.
- Prohibirle a la imputada salir del país, lugar de su residencia o ámbito territorial que el órgano jurisdiccional determine.
- Prohibirle concurrir a determinadas reuniones o a determinados lugares.
- Prohibirle comunicarse con personas determinadas, siempre que con ello no se afecte el derecho de defensa.
- La constitución a favor del Estado por la imputada u otra persona, de cualquiera de las garantías siguientes: depósito de dinero o valores, hipoteca, prenda o fianza personal.
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¿Cómo fueron los hechos?
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en 2024. El 9 de marzo una fémina ingresó al penal de Santa Rosa de Copán y la ahora acusada le dijo que fuera al baño.
Allí la acorraló y la obligó a hacer 110 sentadillas. Cada vez que se agachaba, Bonilla Hernández le pegaba con un tolete en las piernas y, posteriormente, indujo a otras reclusas a golpear e insultar a la víctima.
Además, le propinó golpes con el tolete en todo el cuerpo. La víctima quedó convaleciente, al grado de no levantarse del suelo. Pese a ello, la policía penitenciaria la amenazó que si decía algo de lo sucedido le haría daño de nuevo.
El 13 de marzo del 2024 en horas de la mañana, la agente penitenciaria empujó a otra privada de libertad por no responderle el saludo. Luego le señaló que se movilizara para el baño y allí la iba a «educar».
Volvió a empujar a la reclusa contra la pared, la agarró del cuello y le golpeó la frente con un candado, según las investigaciones. Acto seguido, encerró a la reclusa en una celda de máxima seguridad. Además de las agresiones, la imputada no le permitió a la víctima que se tomara sus medicamentos, comida y bebidas.
Ambas reclusas del centro penal informaron que Bonilla Hernández las insultaba con palabras soeces diciéndoles que «no valen» y «no tienen derecho ni a respirar».