Redacción. La creación de una comisión legislativa para investigar a los exfiscales del Ministerio Público (MP), Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, ha desatado la disconformidad entre algunas fuerzas políticas del país, con lo que se acentúa la división en el Congreso Nacional (CN).
La creación de esta comisión se dio a conocer el pasado domingo 3 de septiembre. Además, se realizó en el marco de la no elección de los fiscales dentro de la fecha que marcaba la Constitución, dejando una situación jurídica compleja en el mando del MP.
Las bancadas de oposición han calificado la creación de la comisión especial como un abuso de autoridad que rompe el orden constitucional. Y algunos expertos incluso la han tachado de ilegal.
Sin embargo, los miembros de esta comisión sostienen que la labor que desempeñarán será únicamente legislativa y que dejarán en las manos de todos los integrantes del pleno el siguiente paso.
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Orden constitucional
El Partido Nacional (PN) calificó como un rompimiento del orden jurídico constitucional la orden del presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, de crear una comisión legislativa para investigar a los exfiscales del Ministerio Público (MP).
Mediante sus redes sociales, el instituto político señaló que el titular del Legislativo tuvo una decisión arbitraria.
«El presidente de facto, Luis Redondo, tomó la decisión arbitraria de nombrar una Comisión Especial para investigar a los extitulares del MP, lo que representa el rompimiento del orden jurídico constitucional», detallaron.
Del mismo modo, el PN indicó que el MP cuenta con independencia y es una entidad libre de toda injerencia político sectaria.
Estas características deben prevalecer, por lo que «no pueden diputados de ninguna facción política, ejercer actos de investigación o asumir funciones en el MP», manifestaron los nacionalistas.
El Partido Nacional aseguró que Libre busca tomar el Ministerio Público, mediante otras vías que no están establecidas en la Constitución.
«Lo suscitado es un grave atentado al orden jurídico constitucional y al correcto funcionamiento de las instituciones democráticas», señala.
Persecución política
Por su parte, el Partido Liberal de Honduras (PLH) rechazó cualquier acción de intimidación y persecución política que se pueda llevar a cabo tras la creación de la comisión especial legislativa.
Mediante sus redes sociales oficiales, el instituto político manifestó que no aceptarán ningún acto que pueda debilitar el Estado de derecho.
«Estamos en contra de cualquier acción que socave la democracia y debilite el Estado de derecho. Nos oponemos a los abusos de poder o acciones totalitarias», detallaron.
Del mismo modo, el Partido Liberal recordó que la Constitución de la República especifica los procedimientos que se deben llevar a cabo en estas situaciones. Así mismo, el instituto político resaltó que el Poder Legislativo no tiene facultades para investigar o ejercer acción penal.
Estamos en contra de cualquier accion que socave la democracia y debilite el estado de derecho. Nos oponemos a los abusos de poder o acciones totalitarias. Nuestra Constitución y demás leyes indican el procedimiento a seguir en estos casos. El congreso no tiene facultades… pic.twitter.com/1hRrtxck7s
— Partido Liberal de Honduras (@PLHonduras) September 4, 2023
«Nuestra Constitución y demás leyes indican el procedimiento a seguir en estos casos. El Congreso no tiene facultades investigativas ni mucho menos ejercer la acción penal, por lo que exigimos que se respeten las garantías constitucionales de todas las partes», detallaron.
En este sentido, el Partido Liberal rechazó «contundentemente cualquier indicio de intimidación y persecución política a los funcionarios públicos y miembros de la oposición ciudadana».
Ilegalidad
Por su parte, la exfiscal Nilia Ramos calificó como una ilegalidad la acción del presidente del Poder Legislativo.
«En primer lugar, es una total ilegalidad como otras que ha inventado el señor Redondo. Él no es unitario, unilateral en el Congreso Nacional. Es una persona que sencillamente dirige la junta directiva», detalló.
Del mismo modo, la profesional del derecho comentó que los 128 diputados son los que deben decidir si están de acuerdo o no con la creación de comisiones.
«Redondo estaría creando una comisión como si fuera para dictaminar una ley en el CN. Las personas que están en esa comisión son diputados», indicó.
Pese a todo, Ramos enfatizó en que, si se nombrará una comisión, se debe hacer de forma correcta, con los votos requeridos de los diputados como lo estipula y lo establece la ley.
Interpretación ventajosa
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, indicó que el Congreso Nacional no cuenta con atribuciones investigativas.
«Crea bastante confusión en relación al que el artículo 205 que establece las atribuciones y facultades del Congreso Nacional. No distingue ninguna de sus atribuciones que se refiera a investigación», indicó.
Además, Canales explicó que muchas personas interpretan la Constitución de la República para cumplir con sus propios intereses políticos.
«Hay abogados que son asesores del Congreso que deberían de estar en la Sala de lo Constitucional, que es el último intérprete de la Constitución. Ahora cualquier persona interpreta la Constitución a su manera y al interés meramente político«, comentó.
Del mismo modo, el jurista detalló que el Poder Legislativo no puede intervenir a lo interno esta instancia judicial.
«Lo correcto sería interpelar, si ya se fue el fiscal general, es interpelar al fiscal adjunto o a cualquier director de fiscales para que brinde un informe. Pero, no se puede intervenir a lo interno del Ministerio Público», comentó.
Abuso de autoridad
El analista político Raúl Pineda manifestó que la creación de la comisión es otra muestra de “lo mal manejado” que está el Congreso, pues la atribución es del Pleno.
Del mismo modo, el experto señaló que el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, está «muy cerca de una línea que separa la ignorancia del abuso de autoridad«.
Argumentos a favor
Por otro lado, el oficialismo está a favor de la creación de esta comisión para investigar a los exfiscales. La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y presidenta de la Comisión Especial, Silvia Ayala, señaló que ellos solo realizarán las investigaciones, y serán los 128 diputados quienes decidan qué hacer tras tener los resultados en la mano.
«El Congreso Nacional tiene la facultad, a través de su presidente, de nombrar las comisiones especiales para la investigación de interés nacional como es el caso del exfiscal general y exfiscal adjunto. El trabajo que desarrollaron y los múltiples cuestionamientos a la labor, tanto por acción como por omisión», comentó.
Del mismo modo, Ayala manifestó que el CN cuenta con las facultades para realizar, no solo la investigación sobre los exfiscales, sino las indagaciones sobre su gestión al frente del MP.
Legisladores, no jueces
Ante los cuestionamientos sobre las facultades del Poder Legislativo, Ayala invitó a los opositores a «leer» la Constitución de la República.
«A esas personas las invito a leer la Constitución en lo que son las atribuciones del Congreso Nacional. Una de esas atribuciones es ejercer una labor contralora y supervisión sobre las actuaciones de otros poderes del Estado”, indicó.
Ayala recalcó que “es el pleno quien al final toma la decisión si se toma en consideración o no las propuestas o sugerencias (de la comisión)».
Además, Ayala indicó que el pleno decidirá si lo resultados de las investigaciones se pasarán a las oficinas del Ministerio Público.
Elección del nuevo fiscal
Las bancadas de las diferentes fuerzas políticas aún no llegan a un consenso para la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto.
El diputado Ramón Barrios aseguró que ha habido acercamientos para poder elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Sin embargo, representantes de los partidos de oposición desmienten está versión.
Por su parte, el parlamentario del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, señaló que este instituto político no ha participado en conversaciones con el gobierno.
«El Partido Salvador de Honduras no ha tenido conversaciones con el partido de Gobierno, por lo menos con sus representantes oficiales. Con nosotros no se ha querido sentar Libre a conversar», detalló. Del mismo modo, Toscano aseguró que Libre tampoco ha aceptado las llamadas que el PSH ha realizado.
También salió a desmentir al oficialismo el diputado por el Partido Liberal, Marlon Lara, quien aseguró que Libre no los ha llamado a dialogar desde el jueves 31 de agosto.
«Cómo es que en Libre puede exigir la elección del fiscal general y adjunto y no llaman a las personas que deben decidir, que somos los diputados, a buscar esos consensos», detalló.
La creación de la comisión aviva, nuevamente, las diferencias entre las fuerzas políticas del país. Situación que puede prolongar la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP).
