Redacción. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) se pronunció en las últimas horas sobre las medidas anunciadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) e hizo un llamado a la comunidad internacional.
Hugo Maldonado, el titular del CODEH, explicó que el país no se recuperará de la criminalidad si usan más violencia. Además, detalló que como organismo defensor simultáneamente pudieron acompañar las iniciativas, precisamente, con un plan maestro de desarrollo económico.
Asimismo, mencionó para Radio América que deben poner los pies en la tierra y hacer un llamado a a la comunidad internacional. Es decir, que intervengan el país, abrir puertas y mercados. Maldonado indicó que bajo esas circunstancias se lucha con la criminalidad y la violencia. Aclaró que así se evita que los jóvenes sean reclutados por maras y pandillas.
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«Aquí toda la carga de la violencia y la criminalidad (de Honduras) se la pasamos a la Secretaría de Seguridad. La verdad es que tenemos un mal sistema educativo a nivel nacional. Hay que refundarlo, pero no sé por qué no se hace», ratificó.
Alternativas
En ese sentido, hizo hincapié en que antes de combatir la violencia, primero hay que ofrecerle a los jóvenes trabajo. Igualmente, brindarles vivienda, salud, educación y alimentación.
«Si no tenemos la capacidad de brindarles un puesto de trabajo, entonces, vendrán los grupos de antisociales, organizados o de narcotráfico a reclutar a nuestros jóvenes. Seguirán emigrando de estas honduras”, agregó
Por último, aclaró que que en el país hay un sistema de justicia que todavía está en deuda con 19 mil 600 privados de libertad.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por la presidenta Xiomara Castro, anunció las nuevas medidas que se implementarán para el combate a la criminalidad organizada en el país.
A través de una cadena nacional de radio y televisión, la mandataria hondureña, en conjunto con su gabinete de seguridad, detallaron el «Plan de Soluciones radicales Contra el Crimen Organizado”.
El plan cuenta con 14 determinaciones aprobadas, entre las cuales figuran la intervención de las zonas con mayor incidencia de criminalidad en el país, la construcción del nuevo centro penal con capacidad para 20 mil privados de libertad y varias reformas al Código Penal.
