TEGUCIGALPA, HONDURAS. Autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentaron en las últimas horas una nueva línea de investigación.
En ese sentido, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, informó que la línea de investigación es en contra de cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) del periodo 2010 -2014.
«Los exfuncionarios realizaron 24 contratos para proyectos de infraestructura. Por estos motivos están siendo investigados», detalló castellanos.
“De los 24 contratos suscritos, un total de 17 sí fueron pagados por un monto de más de 104 millones de lempiras”, imdicó Castellanos.
Posteriormente, puntualizó que «entre los hallazgos relevantes se identificó que solo el 5 de octubre del año 2010, las autoridades de SOPTRAVI efectuaron la adjudicación en un mismo día de ocho contratos fraccionados a una empresa para la pavimentación de concreto hidráulico a calles ubicadas en el municipio de Tocoa, Colón.
“El monto total de los contratos fraccionados de manera dolosa llegaron a sumar más de 13 millones de lempiras”, indicó.
Sin embargo, arguyó que los modos de operar no sobrepasaban la cantidad de 1.7 millones de lempiras. Esto, convenientemente con la intención de no llegar a la cantidad de 1.8 millones de lempiras, que en el año 2010 mencionaban las disposiciones generales del presupuesto de la República.
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Hallazgos
Agregó que entre los hallazgos destaca que las obras debían realizarse en la misma zona del casco urbano de Tocoa. «Lo que demuestra una clara práctica de fraccionamiento a los contratos».
Acto seguido, especificó que «el CNA verificó que cada uno de estos proyectos lograron constatar la inexistencia de la obra. Además, lograron comprobar de manera irrefutable el fraude en contra del Estado, siendo este un caso evidente de planificación para el concierto previo y de mala fe. Esto, por parte de representantes de la Dirección General de Carreteras, quienes certificaron la falsa ejecución de los contratos de pavimento con la cooperación del personal dependiente a dicha carretera».
Finalmente, dijo que «queda demostrado el delito de fraude contra la administración pública. Esto, a través de los cargos ostentados por los funcionarios mencionados en este caso. Así como las empresas mercantiles que sostuvieron los contratos con SOPTRAVI».
