TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Comité Ejecutivo Nacional de la Central General de Trabajadores (CGT), exigió este domingo la inmediata derogación de los polémicos decretos de emergencia para Salud y Educación que el Poder Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros.
De acuerdo a la CGT, dichas normativas ponen en alto riesgo la estabilidad de los trabajadores. Por lo que, a través de un comunicado de prensa, dicha institución sindical hizo de conocimiento su posición en contra de esos decretos que se aprobaron en diferentes años.
En su documento, la CGT requiere al gobierno de la república la inmediata derogación de los PCM-016-2011, PCM 040-2012. También de los PCM 026-2018, PCM 027-2018 y PCM OO5-2019.
Se debe señalar que la CGT representa tanto a sectores sindicales, profesionales, campesino, sectores de pobladores, comisión de jóvenes y coordinador de mujeres.
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Sépalo: los PCM sí otorgan facultades a Juntas Interventoras para despedir en Salud y Educación
Los decretos de emergencia que el Poder Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros, más conocidos como los PCM 026 y 027, sí otorgan facultades para que miembros de las Comisiones Interventoras hagan despidos y remoción de personal en las secretarías de Educación y Salud.
Cabe señalar que las autoridades gubernamentales (presidente, ministros e interventores) han jurado durante toda la crisis que los PCM no contienen disposiciones sobre despidos masivos. Sin embargo, con lo que ordena la Ley General Administración del Estado, una de las que utilizan para la fundamentación de esos dos decretos. De este modo, su argumento estaría quedando desvirtuado.
Si bien es cierto, los decretos no establecen dichas disposiciones en sus articulados. Pero sí en el contenido de la exposición de motivos. Y en la fundamentación jurídica que sirve de base para la aprobación de esas normativas.
Tal es el caso que en el Decreto Ejecutivo PCM 026-2018. Luego del considerando octavo. Se establece en qué leyes y articulados se fundamenta el Consejo de Ministros para aplicar los polémicos PCM. Entre los artículos que citan están el 99, 100, 116,117 y 119 de la Ley General de Administración Pública
Mientras que la Ley General de Administración Pública en el artículo 100 establece claramente cuáles son las facultades de una Comisión Interventora. Asimismo, en el segundo párrafo determina claramente que los interventores pueden suspender, despedir y revocar contratos.
Además, la propuesta de los PCM busca claramente una “reorganización integral de la Secretaría de Salud y Educación”. Al igual que instruyen a la Secretaria de Finanzas a «identificar los recursos para financiar la transformación de los sistemas».
