TEGUCIGALPA-HONDURAS. Un juez del Juzgado de Letras en Materia de Corrupción dictó esta tarde auto de formal procesamiento para uno de los señalados en el caso conocido como “Narcopolítica”, sin embargo, el imputado se defenderá en libertad.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, informó que la audiencia inicial contra Nomberto Antonio Quezada Suazo comenzó desde la semana anterior en el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción. Por lo que este miércoles, las partes legales se les notificó la resolución de dicha audiencia inicial la que en su parte resolutiva establece:
- Declarar sin lugar la solicitud que realizó la defensa del imputado para que se le dictara un sobreseimiento definitivo.
- Se declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público de que se dicte un auto de formal procesamiento para Nomberto Quezada Suazo por suponerlo responsable de la comisión de 32 delitos de falsificación de documentos públicos en concurso ideal medial con 10 delitos de fraude en perjuicio de la fe y administración pública.
Por lo anterior, al acusado se le interpondrán las medidas de seguridad que contempla el artículo 173 del Código Procesal penal que son las 5, 6 y 7, es decir, que se quede al cuidado de su equipo de defensa privada quien rendirá un informe a esa jurisdicción cada 15 días de su situación actual.
Además, la normativa de firmar y presentar su huella digital todos los días lunes en el juzgado de letras penal de San Pedro Sula que es donde él reside y la prohibición de salir del país.
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CASO NARCO-POLITICA
Como se recordará en mayo pasado, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic-MP) con apoyo técnico de los expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), presentaron un nuevo caso de investigación penal denominado: “Narcopolítica”.
En ese momento, Luiz Guimarães Marrey, ex-vocero de la Maccih, informó en conferencia de prensa que la Maccih-Ufecic presentó ante el Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra doce ciudadanos acusados de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron.
A efecto de eso, Guimarães Marrey hizo públicos cinco nombres, entre los que se cuentan exfuncionarios, empresarios y acusados de narcotráfico: Fabio Porfirio Lobo Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), quien cumple condena en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
Asimismo, Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del grupo de narcotráfico Los Cachiros y Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exalcalde de la capital y extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
En el requerimiento también aparece el extitular de la Dirección General de Carreteras, Walter Noé Maldonado Maldonado, y Deysi Marina Zúñiga Méndez, gerente general de la empresa constructora Ingenieros Consultores Hércules Zúniga S. de R. L. (Incohz).
Igualmente, el requerimiento incluye a siete personas más, quienes están acusados de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo.
