TEGUCIGALPA, HONDURAS. Propuestas legislativas, protestas en las calles, recursos de inconstitucionalidad y más: aquellos que luchan por la protección del medio ambiente están dispuestos a llegar a cualquier instancia con el propósito de librar a Honduras de convertirse en «el basurero de Centroamérica».
Y es que diversos sectores de la población no recibieron con alegría el anuncio que llegó desde la nueva realidad virtual del Congreso Nacional (CN). La diputada suplente nacionalista, Leonor Osorio, gestó una proposición para hacer una nueva interpretación a los artículos 8, 11 y 68 de la Ley General del Ambiente.
El 16 de junio marcó el día de la controversia. Se aprobó esa interpretación, abriendo las puertas a que baterías con plomo (nuevas y usadas) puedan ser importadas al país, a pesar de los efectos nocivos que puede provocar ese elemento.
El repudio brotó. En exclusiva, la periodista y ambientalista Dolores Valenzuela comunicó a Diario TIEMPO Digital que están listos para impedir la posible contaminación.
En primera instancia, reveló que Patricia Murillo, diputada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) le contó que pararán el decreto desde las facultades legislativas. Sin embargo, Valenzuela aseveró que no se atendrán a esa posibilidad.
«No nos confiamos de eso, porque los nacionalistas son capaces de todo. Vamos a tomar las acciones que sean, pero no vamos a permitirlo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, es un crimen de lesa humanidad», dijo.
«Vamos a acudir a instancias internacionales y hacer que se apliquen todos los acuerdos que Honduras ha suscrito. Ahorita estamos encerrados, pero al no más salir, vamos a la calle y a parar las sinvergüenzadas», añadió.
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Rechazo
Aprobaciones en plena pandemia
También está la previsión de que la llegada de los productos con plomo generará un envenenamiento «terrible» en la población hondureña.
Esa es la consideración de la fundadora del Instituto Hondureño de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), la abogada Clarisa Vega, quien anticipó que, si el CN no se retracta de su decisión, presentarán un recurso de inconstitucionalidad.
Ella comentó a TIEMPO que, en el país cinco estrellas, no se tienen las habilidades y directrices técnicas o las tecnologías modernas para un manejo ambiental adecuado. «Por tanto, no se pueden evitar los riesgos», acotó.
Vega se sumó a quienes dejan entrever que hay un trasfondo en la situación. «No se debe hacer más permisiva la legislación con el objetivo de obtener mayor lucro o queriendo favorecer a algunos sectores», opinó.
Igualmente se mostró desagradada porque, en medio de una crisis humanitaria y el sufrimiento de la población hondureña, se aprueben leyes que no estén vinculadas a la salud.
«No puede siquiera haber participación de la población, protesta, movilización en las calles o exponer lo que está en contra de los intereses de la colectividad. No concebimos que se aprueben este tipo de leyes en este contexto», aquejó.
De igual forma, propuso que se cree una comisión técnico-científica, que pueda ilustrar a los diputados sobre lo que dicen las investigaciones de la ciencia.
«No reciclamos ni el plástico»
Una percepción similar sostuvo en su plática con TIEMPO el vocero del gremio de Ingenieros Ambientales de Honduras, Emilio Medina. Primero, cuestionó -con notable suspicacia- por qué existió una premura para aprobar un decreto como este, si ni siquiera se discute apropiadamente el tema de gestión de residuos sólidos.
«Ni siquiera podemos atender nuestras propias baterías y queremos abrir nuestras puertas a las de otros países. Ellos resolverán su problema y nosotros incrementar el nuestro. Se conoce que apenas reciclamos el ocho por ciento de nuestro plástico; no reciclamos ni el plástico y, ¿nos vamos a meter a reciclar un residuo peligroso?», expuso Medina.
Pero, ¿qué es lo más delicado del asunto si se convierte en una realidad? El ingeniero, con pesar, describió su criterio. «Ni siquiera tenemos un marco regulatorio por si se están teniendo nefastos resultados; es decir, efectos negativos para la salud y el medio ambiente», afirmó.
Lo anterior indica que no habrían repercusiones legales o un plan de contingencias. Aunque Medina no tachó la situación de «negocio», sí mencionó que se forjaría un rubro que generaría mucho dinero para algunos y argumentó su proyección.
«Para que usted haga disposición final de residuos peligrosos, usted tiene que pagar a una empresa que lo haga por usted; usualmente son procesos caros. Desconozco el monto, pero se paga bien», aseguró.
Por otra parte, declaró que Honduras está bien vista ante la comunidad internacional en materia de agenda química. Pero, si entra en vigencia el nuevo decreto, esa percepción se perdería.
«Hacer esto sería un golpe a la imagen y un grave retroceso en todo lo que se ha logrado en materia de residuos peligrosos. Sería una tragedia», manifestó.
Agregó que el gremio de ambientalistas solicitó un espacio en el CN y demás autoridades para que puedan explicar por qué están en alerta y en desacuerdo con la controvertida interpretación.
«Es importante hacer énfasis que no estamos en contra del desarrollo, Honduras ocupa empleo y hacer crecer la economía, pero lo que sacrificaríamos sería mejor. El análisis costo-beneficio saldría malísimo», concluyó.
Importación de un contaminante más
Alguien más que se sumó a la disidencia fue Marlon Escoto, quien tiene un vínculo directo con la protección del ambiente. Él es el comisionado presidencial del Cambio Climático.
El funcionario inició su comparecencia asegurando que Honduras tiene suficiente con otros temas internos de contaminación -como el plástico- como para importar un agente de polución más.
Asimismo, recordó que Honduras es signatario de múltiples acuerdos internacionales, que prohíben las actividades dañinas para los ecosistemas. Incluso, mencionó que aún no aprueban la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. La misma se introdujo al CN en 2015.
«Esperamos que algunos no estén viendo oportunidades de hacer dinero, porque hablamos de hacer negocios contra la vida. No solo en el entorno ambiental, sino que jugando con la salud de las personas», advirtió.
Seguido, apuntó que falta más discusión a lo interior de las comisiones de dictamen cuando tratan temas muy especializados. Especificó que, en asuntos ambientales, se requiere una lectura minuciosa de la normativa y los tratados internacionales.
«La iniciativa está fuera de la línea de prioridad para la cual se instala un congreso en su modalidad virtual, que debería estar discutiendo temas de interés», aseveró. Cabe destacar que él tiene el título de Doctor en Ciencias y Tecnología del Medio Ambiente.
Parlamentarios avizoran un «negociazo»
Solo un día más tarde de la aprobación, Doris Gutiérrez, diputada por el Partido de Innovación y Unidad – Social Demócrata (PINU-SD), expresó a TIEMPO que no sostiene ninguna duda, lo que se fraguó fue el inicio de una máquina de dinero, aunque no especificó en favor de quién o quiénes.
«Las baterías se van a venir camufladas para no pagar impuestos. No sabemos quiénes están detrás del negocio, pero se va a reciclar en virtud de las bolsas de algunos avorazados que se aprovechan de las situaciones», señaló.
La abogada también lamentó que quienes se beneficiarán de la permisividad aprovecharon la coyuntura que generó la emergencia sanitaria en búsqueda de sus propios intereses. Por lo que remembró un un dicho popular «en río revuelto, ganancia de pescadores».
Momentos más tarde, el parlamentario Jari Dixon, quien representa al Partido Libertad y Refundación (LIBRE) secundó a Gutiérrez. Dijo a TIEMPO que estamos próximos a presenciar cómo se desarrolla un negocio de doble vía.
«Introducirán baterías nuevas sin pagar tributos; y, alguien pagará para que Honduras se quede con toda la basura», explicó. Él no tiene duda que hay quienes buscan su beneficio con lo aprobado; lo que se pregunta es quién estará detrás de las ganancias.
Firmas contra el decreto
Es importante recordar que el miércoles, inició una recolección de firmas por parte de la Empresa en Legislación y Gestión Ambiental (EcoJuris). La misma busca llamar la atención ciudadana ante la posible exposición al plomo a la que estaría próxima el territorio hondureño y su gente.
La finalidad de la búsqueda de firmantes es mostrar a la cámara legislativa el desacuerdo que sostienen diferentes sectores de la población con la medida tomada. Asimismo, exponer los argumentos por los que consideran que el decreto debería ser abrogado.
Al momento de la publicación de esta nota, tres mil 974 personas habían registrado sus datos digitales en favor de la moción. El designio inicial, según se establece en la petición, es alcanzar cinco mil firmas.
Para cualquiera que desea participar, lo único que se requiere es que deje un nombre, apellidos y un correo electrónico. Además deberá agregar el país de residencia y el código postal. Por tanto, ciudadanos de otros países también pueden expresar su favor con la idea.
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