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miércoles, agosto 10, 2022

¿Decreto tóxico? Ambientalistas rechazan importación de baterías con plomo

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Desagradados se mostraron agentes que sostienen el ideal de proteger el medio ambiente hondureño después de la aprobación legislativa de un decreto que permitiría importar baterías con plomo -nuevas y usadas- para reciclaje.

El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) externó su disgusto ante la situación a través de un pronunciamiento que emitió este jueves.

La entidad citó extractos de la Ley General del Ambiente para sustentar los argumentos de su disidencia. Los representantes que abogan por el bienestar del ecosistema exigen la abolición de lo convenido en el Congreso Nacional (CN).

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Oposición a la normativa

Fue este martes, durante la última sesión legislativa, que el conglomerado de diputados discutió y votó sobre una interpretación a los artículos ocho, 11 y 68 de la Ley General del Ambiente en búsqueda de legalizar la importación de baterías de plomo (como la mayoría de las vehiculares) para que sean renovadas.

Lo analizado se aprobó. Aunque la mayoría dio el “sí”, un par de diputados opositores al decreto dijeron a Diario TIEMPO Digital que eso será nocivo para el medio ambiente y que es un negocio que sostiene algún trasfondo que beneficiará a una desconocida minoría, dado que traer esos materiales estará exento del pago de impuestos.

Incluso, se llegó a decir que la decisión convertiría a Honduras en el “basurero de Centroamérica”. Pero, aparte de esas posibles implicaciones, lo que se pretende conlleva violaciones a la misma legislación, según algunos ambientalistas. Tal es el caso de los representantes del IDAMHO.

Desde su fundación en 2006, el IDAMHO se planteó múltiples metas con la finalidad de proteger los recursos naturales de Honduras. En cuanto al área legal, sostiene que una de sus intenciones es promover una cultura de respeto a las leyes y regulaciones ambientales.

En ese sentido, esa organización optó por enviar una carta al Poder Legislativo donde detalla por qué están en contra de lo acordado y piden que se derogue.

Interpretación “no procede”

En primera instancia, el escrito provisto cita una porción de los artículos del 17 al 20 del Código Civil. Esa normativa explica que no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta de sus propios términos; además, que los pasajes obscuros y contradictorios se interpretarán de acuerdo al espíritu general de la legislación.

Bajo un análisis de lo anterior, IDAMHO asegura que los artículos 8, 11 y 68 de la Ley General del Ambiente están descritos con claridad para ser aplicados, por lo que no existen pasajes obscuros o contradictorios.

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“Por tanto, no procede hacer una interpretación de los artículos puesto que se deduce de su propios términos”, lee el documento, aludiendo a la intención comunicativa de los legisladores que plasmaron la ley originalmente.

Además agrega que la interpretación es innecesaria y que no existen razones con sustentos jurídicos válidos para proceder a la misma; “sino que conduce más bien a deformar el espíritu y la finalidad del legislador que creó la ley”.

Más daños al pueblo hondureño

El documento prosigue para establecer que la interpretación en mención provocará enfermedades a la población hondureña, que aqueja otras problemáticas como la pobreza, la desnutrición y un decadente sistema sanitario.

De manera específica, los ambientalistas opinan que el ingreso de desechos tóxicos generará que los hondureños se intoxiquen, sobrepoblando aún más los centros hospitalarios, gastando aún más en medicinas y hasta muriendo.

“Un azote más, como el de la COVID-19 no lo podrá soportar el débil sistema sanitario de Honduras, agravado por la inexistencia de tecnología adecuada para el manejo de desechos de sustancias tóxicas como el plomo, así como de parámetros, de normativa reglamentaria y de monitoreo en ese campo”, detalla el comunicado.

Por otra parte, IDAMHO desconfía de la capacidad del país para tratar adecuadamente los residuos dado que aún no tiene las destrezas para regular el uso del plástico o hacer una oportuna separación de los desechos sólidos.

Pero, ¿qué implica manipular materiales con plomo? Según los expertos conlleva el control de la contaminación atmosférica y de emisiones, tratamiento de aguas residuales y el manejo de desechos.

Además, apuntan que los niveles de plomo en las baterías es un “tóxico persistente y acumulable en el organismo, que produce impactos ambientales económicos y de salubridad”.

Mas, no sólo es una consideración local. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés) expone que el plomo degenera el funcionamiento neurológico. En los niños, puede ser el responsable de una merma en el desempeño esecolar y bajas en el coeficiente intelectual. El deterioro cognitivo es irreversible.

No regresión; solicitudes al CN

Como tercer punto, el escrito de IDAMHO hace referencia al Principio de No Regresión. El mismo suele tomarse en cuenta para regir las legislaciones ambientales y de Derechos Humanos.

En este caso, se explicó que, según ese principio, la normativa ambiental de Honduras no debe ser reformada o revisada si esa acción implica un retroceso en los niveles de protección alcanzados con anterioridad.

Por tanto, bajo los análisis anteriores, IDAMHO exhorta a los diputados a que deroguen el decreto que contiene la interpretación. Además, de que no se remita el mismo al Poder Ejecutivo para su sanción; en caso de que ya haya sido enviado, pide que se remueva y no se ordene su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Puertas abiertas para desechos tóxicos

Es importante tener en cuenta que el Gremio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras también se pronunció respecto a la controvertida situación.

Ese grupo de profesionales reconocen la necesidad de recuperar y reciclar las baterías y otros recipientes acumuladores de plomo. No obstante, establecen que sus diseños de renovación deben obedecer esquemas de responsabilidad extendida al productor.

Asimismo, explican que primero se debe optar por reciclar los materiales locales, y no abrir las fronteras para conseguir baterías de plomo usadas de otros países.

En ese sentido, instan al Estado a promover esquemas e incentivos económicos para que el reciclaje de baterías se efectúe bajo las mejores técnicas disponibles.

“El pensamiento más lógico de toda personas es que ahora Honduras tiene las puertas abiertas para introducir desechos peligrosos; sólo basta registrarse y reportar los movimientos en frontera a las autoridades respectivas”, advierte el gremio en su comunicación.

También, enfatizan que los artículos de la Ley General del Ambiente -a los cuales se les aplicó la interpretación- no permiten excepciones, por lo que no excluyen de restricción a ningún desecho tóxico o peligroso.


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