Redacción. La Alcaldía de San Pedro Sula sigue envuelta en tensión y conflicto con la empresa de recolección de desechos Sulambiente, debido a una contrademanda presentada por un pago pendiente.
La municipalidad, bajo la administración del alcalde Roberto Contreras, ha presentado una contrademanda exigiendo la devolución de 314 millones de lempiras, cantidad que, según el edil, fue pagada de manera irregular durante el gobierno municipal anterior.
De acuerdo con Contreras, esta medida surge luego de que Sulambiente demandara a la alcaldía sampedrana, reclamando mil millones de lempiras en concepto de costos mayores. No obstante, Contreras sostiene que este cobro carece de fundamento legal, ya que la figura de “costos mayores” no está contemplada en el contrato firmado con la empresa.
“La municipalidad está contrademandando a Sulambiente para que devuelva esos 314 millones de lempiras que nunca debieron pagarse. Este problema lo heredamos de la administración de Armando Calidonio, quien autorizó ese desembolso sin justificación contractual”, declaró el alcalde.
Desde enero de 2022, la Alcaldía ha suspendido cualquier pago bajo este concepto, argumentando que el único mecanismo válido para calcular los costos del servicio de limpieza es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta decisión ha generado tensión con la empresa, que insiste en que los costos han aumentado y que la municipalidad debe responder financieramente.
El alcalde también instó a las autoridades competentes, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Fiscalía, a investigar. Además, pidió que se proceda legalmente contra quienes autorizaron el millonario pago.
Posibles repercusiones
La disputa legal entre la municipalidad y Sulambiente genera incertidumbre sobre el futuro del servicio de recolección de desechos en la ciudad. Aunque la Alcaldía ha asegurado que la limpieza no se verá afectada, la tensión entre ambas partes podría derivar en problemas operativos y administrativos en los próximos meses.
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Además, este caso podría sentar un precedente importante en la gestión de contratos municipales. Específicamente, podría influir en la fiscalización de pagos y en la transparencia en el uso de fondos públicos. Por ahora, la batalla judicial continúa.
Los sampedranos están a la expectativa de cómo se resolverá este conflicto que involucra millones de lempiras del erario público.
