Tegucigalpa. Los apoderados legales de los acusados del desfalco en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) presentaron un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los imputados puedan defenderse en libertad.
De tal manera, la defensa de estos acusados busca que se les revise las medidas y sean escuchados en libertad.
Por su parte, Jesús Chinchilla, parte del equipo defensor, dijo que los señores Oscar Casco, Rossel Euraque, Adrés Romero, Héctor Andino y Pastor Eliut Valladares tienen mayor grado de posibilidad para defenderse en libertad.
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Lo anterior, porque la acusación les cambió a complicidad en delitos financieros.
En ese sentido, serán las autoridades penales quienes darán a conocer si conceden o no libertad para los acusados.
Elevan juicio
Cabe recordar que el juicio contra los acusados del desfalco del CAH fue elevado a oral y público.
Precisamente, un juez en materia de corrupción elevó a juicio oral y público la causa del desfalco al CAH.
Lo anterior fue confirmado por el vocero de la CSJ, Carlos Silva.
“Se ha dictado un auto de apertura a juicio oral y público para los imputados en el desfalco del Colegio de Abogados de Honduras”, mencionó.
Lo anterior quería ser evitado por los acusados, debido a la complejidad que el caso toma desde ahora.
Desfalco del CAH
En el caso del desfalco del CAH está acusado el expresidente de este gremio, Olvin Mejía.
En el caso del expresidente del CAH se imputan 191 delitos de administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. Igual número de delitos por falsificación de fondos privados.
Entre los acusados figuran:
- Josué Argeñal Cerrato
- Pastor Eliut Valladares Romero
- Óscar Reinaldo Casco
- Francisco Arnulfo Valladares
- Héctor Rodolfo Andino Maldonado
- Rossel Arturo Euraque López
- Roberto Andrés Romero
El desfalco que sufrieron las arcas del CAH fue por más de 500 millones de lempiras.
Dato
El Código Penal establece que la pena del delito de falsificación de documentos privados es de tres a seis años de prisión; mientras que por administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones es de seis a 12 años de reclusión.
