AFP. Blanca, solicitante de asilo con dos hijas a cargo, tendrá que irse el 27 de diciembre del albergue de Nueva York donde ha vivido el último año, para dejar espacio a nuevos llegados.
Esta centroamericana de 35 años, que por razones de seguridad pide ocultar su apellido y nacionalidad, trata desesperadamente de solucionar un círculo vicioso angustiante: su pedido de asilo y el de su hija mayor están en trámite y no puede trabajar porque no tiene permiso laboral ni con quién dejar a su hija pequeña, nacida hace nueve meses en Estados Unidos.
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«Estoy pasando por una situación bien difícil», dice a la AFP en el centro de ayuda a los inmigrantes Little Sisters of the Assumption (LSA) en Harlem, que les proporciona comida, ropa, y sobre todo asesoramiento en el complejo papeleo administrativo para su regularización.
«No sé qué va a pasar con nosotras», exclama llorando. Sólo sabe que no puede volver a su país, del que huyeron para escapar del violento padre pandillero de su hija adolescente, que estudia secundaria en Nueva York.
Blanca es una de los 66.000 solicitantes de asilo acogidos actualmente en albergues en Nueva York. Según su alcalde, Eric Adams, la ciudad está gestionando «prácticamente sola» una «crisis migratoria nacional» que amenaza con «destruirla».
Desde abril de 2022 han llegado a la ciudad de más de 142.000 solicitantes de asilo, la mayoría latinos -sobre todo venezolanos-, pero también africanos y cada vez más chinos. Muchos llegan en autobuses fletados por gobernadores republicanos de los estados del sur, en protesta por la política migratoria de la administración demócrata de Joe Biden.
La crisis migratoria le costará a la ciudad «5.000 millones» este año y serán necesarios otros «7.000 millones para enero», recordó a fines de noviembre Adams, para quien esto «no es sostenible» porque quita recursos de programas para seguridad, adultos mayores y jóvenes.
