TEGUCIGALPA, HONDURAS. Magistrados de la Sala Constitucional resolvieron en las últimas horas declarar inconstitucional la disposición que obligaba a demandantes del Estado a depositar un 20% de la cuantía de la demanda interpuesta.
Lo anterior, es considerado por muchos como una oportunidad que motivará lluvias de demandas contra el Estado hondureño. Así como ocurría en el pasado.
Anteriormente, entendidos en el tema aseguraban que demandar al Estado era como “pegarle una patada a un bolo”. O sea que toda las demandas, se tratara de la que se tratara, siempre el Estado la perdía.
Cabe señalar que dicha disposición del 20% se contempla en el artículo 39 de la Ley de lo Contencioso Administrativo.
La decisión adoptada por la Sala Constitucional se tomó en alusión a un recurso promovido por un particular. El escrito se presentó contra esa disposición, y ahí se conocieron los detalles fundamentados por la sala.
En los últimos años, la rendición de esa caución del 20% frenó a varias a empresas y particulares. Es preciso remarcar que ese era un requisito que se debía cumplir para entablar una demanda contra el Estado hondureño.
Algunos abogados reciben con aceptación la resolución emitida por el Órgano Constitucional. Eso, porque aseguran que se trata de una “disposición acertada”. A criterio de los togados, la administración de justicia debe sustentarse sobre principios de gratuidad.
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Deben existir procesos de fortalecimiento de la justicia en el país
Según el abogado Iván Andara, la resolución emitida da una oportunidad para que toda aquella persona natural o jurídica, que sienta que el Estado lesionó sus intereses pueda acudir ante los Tribunales de lo Contencioso a que se le haga justicia.
El profesional del derecho también explicó que se han hecho muchos esfuerzos por regular los procesos judiciales contra el Estado. Lo anterior, sin dejar de lado algunas instancias donde se cometen abusos.
“Abogamos por el respeto al principio de gratuidad. Pero que también puedan existir procesos de fortalecimiento de la justicia en el país”, peticionó el togado.
Por su lado, el diputado nacionalista, Francisco Rivera, quien fue presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y el promotor de dejar establecida la disposición de una garantía a la hora de demandar al Estado, calificó la determinación como importante. Eso, porque aseguró que servirá para “el respeto al Estado de Derecho”.
Rivera expresó que si es una resolución no hay nada que discutir. “Hay que respetar las resoluciones judiciales”, enfatizó. Para finalizar, el parlamentario recordó que la iniciativa que él presentó en su momento buscaba proteger al Estado de Honduras.
