Honduras. Las autoridades de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) sometieron a juicio a 12 personas ligadas a las actividades ilícitas del cartel de los hermanos extraditados Valle Valle.
Los acusados están señalados en el caso conocido como Operación Redada, quienes son acusados por el delito de lavado de activos y asociación para delinquir.
Se trata de Tesla Danessa Ortega Valle, hija de Digna Valle Valle, así como de Amelia García, Juan Carlos Rosales García.
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También están implicados en el caso Jorge Danilo Rosales García, Juventino Rosales Mejía, Bairon Javier Rosales García, Hudaldina Guerra Bueso, Karen Walkidia Moreno Chinchilla. Asimismo, Darwin Orlando Ramos Díaz, Digna Emérita Rosales García, Lesly Sofía Espinoza Trigueños y René Isaac López Maury.
Las investigaciones señalan que el 22 de octubre del año 2015 recibieron una denuncia anónima. Se manifestó que el ciudadano identificado con el nombre de René López, quien era un agente inmobiliario y se dedicaba también a la compra, venta y cambio de automóviles. Acciones que ligaron con los hermanos Valle Valle, quienes se encuentran pagando una condena en Estados Unidos.
Seguidamente, el 11 de febrero del año 2016 recibieron otra denuncia, donde indicaron que Jorge Danilo Rosales García, Rene Isaac López Maury y Darwin Orlando Ramos Díaz se dedican a realizar actividades de tráfico ilícito de drogas.
La trasladaban desde Honduras a Guatemala, utilizando para ello puntos ciegos entre los dos países. Con las ganancias del tráfico de drogas adquirieron bienes muebles e inmuebles, un autolote de nombre “NEKO”, ubicado en Santa Rosa de Copán.
Hubo una tercera denuncia
El 2 de junio de 2016 recibieron una denuncia en San Pedro Sula, donde reportaron el lavado de activos realizadas por los denunciados.
Posteriormente, el 13 de noviembre de 2017 capturaron a los señalados y realizaron 19 aseguramientos de bienes e inmuebles. También las viviendas ubicadas en Santa Rosa de Copán, Florida y El Paraíso, Copan. Así como en Quimistán y San Marcos, departamento de Santa Bárbara.
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Luego, el 22 de enero de 2020, el Ministerio Público amplió el caso con la puesta en marcha de la Operación Redada II. Realizaron el aseguramiento de 22 bienes muebles e inmuebles más, mismos que no tenían justificación legal ni económica.
Finalmente, el caso comenzó en 2020, pero con la pandemia por el COVID-19 se reprogramó el juicio.
