GUATEMALA. Una de las principales funcionarias judiciales del hermano país centroamericano responsable de la investigación y arrestos de exfuncionarios y empresarios de un entramado de corrupción que le costó la presidencia a Otto Pérez Molina y la vicepresidencia a Roxana Baldetti, dijo que ha recibido amenazas de muerte de un grupo de sicarios de Honduras.
En entrevista con The Associated Press, la fiscal general Thelma Aldana dijo que la corrupción en Guatemala le «está cobrando la factura», y que estructuras ilegales están detrás de las amenazas que dice haber recibido semanas atrás, y sobre un posible atentado que se estaba organizando en su contra.
«Esta es la respuesta del crimen organizado y no de todos; creo que de algunas estructuras y de una en particular», dijo Aldana. «Es un proceso tan frágil que con mucha facilidad se cae, con mucha facilidad da vuelta atrás, no en los casos, que estoy convencida están bien trabajados. Me refiero a la fragilidad de la lucha contra la corrupción en el país porque son estructuras incrustadas en el estado por años. Nosotros señalamos los casos, pero aquí es el sistema el que debe cambiar».
Aldana dijo que las amenazas le fueron hechas a ella directamente y que, a pesar de que «tener miedo es de humanos», ha reforzado su seguridad y es más precavida. La fiscal dijo que su familia permanecerá en el país, pues no tiene los recursos para sostenerlos fuera.
Las autoridades han elaborado varias hipótesis sobre el posible atentado en su contra, señaló la fiscal, e incluso confirmó que una de las informaciones se relaciona con la contratación de un grupo de sicarios de Honduras y Guatemala para ejecutar un plan contra su persona.
La semana pasada, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que según una investigación de su cartera, las amenazas provienen de una red de corrupción denominada «La Línea», que fue desarticulada por una investigación penal adelantada por Aldana y un organismo internacional en 2015.
A la fecha, las autoridades no han realizado capturas sobre los presuntos responsables de las amenazas.
«La Línea» era una estructura en la que funcionarios públicos presuntamente recibían sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos y resolver trabas en importaciones, según investigaciones de la Fiscalía encabezada por Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, basadas en escuchas telefónicas.
El año pasado, la fiscalía acusó a Pérez Molina de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. «La Línea» estaba presuntamente dirigida por el exsecretario privado de la exvicepresidenta Baldetti.
En su momento, la comisión informó que cuenta con 88.000 escuchas telefónicas relacionadas al proceso.
El caso de corrupción indignó a los guatemaltecos, que salieron a las calles para pedir la renuncia de Pérez Molina, la cual se hizo efectiva en septiembre pasado. En la actualidad se encuentra tras las rejas junto con Baldetti.
Además de Pérez y Baldetti, por el caso de «La Línea» hay al menos 100 personas sometidas a investigación. Baldetti es acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
«La lucha contra la corrupción es abrumadora», explicó Aldana. «Creo que hay más corrupción, pero lo más profundo ya lo vimos, vimos cómo un partido político (el Partido Patriota, que llevó a la presidencia a Pérez Molina) antes de llegar al poder se criminalizó. Algo más profundo que eso no sé si habrá», dijo.
Aldana comentó que el apoyo de la población, que ha salido a manifestarse en su favor, le ha dado mucho ánimo para continuar con su trabajo. Sobre alguna posibilidad de incursionar en la política nacional cuando concluya su gestión en año y medio, la fiscal dijo que no le interesa, pues carece de los recursos monetarios para eso.
«Aquí todo se vuelve político partidista, se engaña a la gente, hay demagogia y eso no me interesa», explicó. «Así me destituyan, me amenacen, yo estoy comprometida con mi trabajo y lo voy a hacer».
Información tomada de El Nuevo Herald
