Tegucigalpa. La Unidad Especial Contra la Inmunidad de la Corrupción (UFECIC) ya cuenta con las declaraciones de los diputados investigados por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos de la fe.
Los parlamentarios se presentaron ante el Ministerio Público (MP) para rendir su declaración en relación a esta investigación.
Los diputados investigados son los siguientes:
- Yuri Sabas (Choluteca)
- Tomás Zambrano (Valle)
- Mario Pérez (Santa Bárbara)
- Juan Carlos Valenzuela (Lempira)
- Román Villeda (Ocotepeque)
- Francisco Rivera (Olancho)
- César Handal (Santa Bárbara)
- La exdiputada por Francisco Morazán, Ana Joselina Fortín.
De todos estos diputados, solamente Francisco Rivera -quien era jefe de la Comisión de Presupuesto del congreso anterior- no se pudo presentar ante el MP para brindar sus declaraciones, debido a que se encuentra indispuesto por motivos de salud.
El caso
El pasado 1 de marzo al menos 10 diputados se presentaron ante las oficinas de la UFECIC para solicitar información de las investigaciones abiertas sobre la fe de errata de la reforma al Artículo 131-A de la Ley de Presupuesto.
El caso se refiere a la reforma que el Congreso Nacional envió a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) una “fe de erratas”. Esta acción se hizo para corregir la publicación en La Gaceta sobre las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto.
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La reforma, publicada en el diario oficial La Gaceta, ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigar el destino de los fondos para diputados y organizaciones no gubernamentales entregados por el Congreso en los períodos del 2006 al 2018, concediéndole además tres años para emitir dictamen.
También limita la intervención del Ministerio Público, mientras las investigaciones del ente contralor no hayan concluido.
Esta acción, según la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), impide que sean investigados otros diputados.
En ese sentido, la MACCIH afirmó que la reforma es una trampa porque tiene como propósito investigar a más de 60 diputados del pasado período, incluyendo al titular del Legislativo, Mauricio Oliva, y a más de 20 organizaciones no gubernamentales.
Lo anterior, por haberse apropiado de los subsidios otorgados por el Legislativo en período recién concluido.
