Tegucigalpa.- La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha enviado al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que busca hacer que más corruptos vayan a la cárcel.
Se llama Ley de Colaboración Eficaz y es un instrumento del llamado Derecho Penal Premial.
Esa ley permitiría que un procesado por un delito de corrupción o cualquier otra causa obtenga beneficios.
Pero esos beneficios se concederían solo a cambio de dos condiciones.
Una de ellas: Que el individuo acepte en todo o en parte los hechos que se le imputan.
La otra: Que entregue información relevante, oportuna y verificable sobre una organización criminal.
Y una condición más: Que el colaborador devuelva los instrumentos del delito o que garantice su reintegro.
Un compromiso del “delator” será no volver a delinquir y mantener en reserva la información que proporcione. Esto mediante un acuerdo de colaboración.
Los beneficios que se concedan principalmente tienen que ver con rebajas en sus penas.
LOS RESULTADOS QUE DEJARIA LA ENTREGA DE INFORMACION
La información proporcionada debe ayudar a identificar a los cabecillas de una organización criminal, a desmontarla o a menguar sus acciones.
También conduciría a averiguar el destino de los bienes y las fuentes de su financiamiento.
Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH y Oscar Fernando Chinchilla, fiscal general de Honduras, anunciaron el proyecto de ley el viernes.
Dijeron que si se aprueba permitirá a la Fiscalía captar pruebas en poder de terceros que conocen las redes de la corrupción.
Si realmente los políticos quieren combatir la corrupción, deberán aprobar la ley, según Jiménez Mayor.
La ley abre la posibilidad de delatar redes de corrupción del lado público y privado, enfatiza el funcionario.
La MACCIH estima que los delitos de corrupción son de escenario cerrado, y sin “colaboración eficaz” es tarea difícil combatirla.
LA LEY POR DENTRO
Esta ley tiene apenas 22 artículos y la MACCIH aspira a que esté aprobada a mitad de año.
Es una prueba de fuego para los políticos, más que la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas, opinan en MACCIH.
Julio Arrizo, funcionario peruano de la MACCIH, dice que no es cualquier herramienta sustantiva, es la herramienta principal de la lucha anticorrupción.
Explica que la información que proporciona el delator pasa por un examen de veracidad ante la Fiscalía y que el proceso lo homologa un juez.
También dice que la ley pone en condición de protegido al delator a través de un régimen de medidas especiales para él y hasta su familia.
LA MACCIH aspira a que el Ejecutivo envíe lo más pronto posible al Congreso Nacional y que éste la apruebe antes de fin de año.
Y otra aspiración es que los diputados no la condicionen a ciertos delitos, sino que se use para combatir todas las conductas antijurídicas, excepto las perseguibles a instancia privada.
Además desea la MACCIH que el delator pueda prestar colaboración en cualquier parte del proceso.
Inclusive podría ser que el delator de información estando sentenciado y cumpliendo la pena.
MACCIH: EXPERIENCIAS COMPARTIDAS
Esta ley que propone la MACCIH no inventa el agua caliente, pues ya existe, con otros nombres, en distintos países.
Su modelo más antiguo está en Estados Unidos, donde se aplica como parte de la “justicia negociada”.
Perú lo usa desde 2001 para combatir la mega corrupción que asaltó ese país en la década de los 90.
Con ella cayeron cientos de peruanos pertenecientes a la red del ex presidente Alberto Fujimori y su ministro Bladimiro Montesinos.
En la vecina Guatemala, fue aprobada desde 2006. Hasta ahora, con esa ley han atrapado a organizaciones de corrupción de entre 10 y 15 miembros.
En Brasil se le llama Ley de Delación Premiada, y ha servido en el famoso caso Odebrech. Este caso actualmente tiene en vilo a muchos empresarios y funcionarios de varios países que recibieron coimas de esa empresa brasileña.
