ARGENTINA. El mandatario argentino, Alberto Fernández, anunció ayer lunes la intervención estatal y «expropiación» de la empresa agroexportadora Vicentín, uno de los principales conglomerados de exportación de granos del país.
De acuerdo a lo expresado por el presidente, se trata de una operación de «rescate de una empresa de magnitud en el mercado agrícola», Misma que tiene por objetivo que la compañía «continúe funcionando y sus trabajadores sigan operando».
En tal sentido, el Gobierno argentino remitirá al Congreso un proyecto de ley para su expropiación. Este declarará a la compañía de «utilidad pública», de manera de permitirle afrontar la crisis financiera bajo intervención del Estado.
Cabe recordar que desde el mes de febrero, Vicentín declaró «estrés financiero», al no poder afrontar pagos a sus proveedores por 1.350 millones de dólares. Sin embargo, la firma había sido asistida con créditos presuntamente irregulares del Banco Nación, durante la administración de Mauricio Macri.
Administración Pública tomará el control
Los préstamos fueron revisados desde comienzos de este año, a partir de un sumario administrativo iniciado luego del cambio de gestión. La ayuda financiera, presuntamente irregular, alcanza los 18.700 millones de pesos, unos 270 millones de dólares.
Por el caso, se encuentra imputado el extitular del Banco Nación, Javier González Fraga.
Durante el anuncio, se conoció que la administración pública nacional tomaría el control de 51 % de la compañía. Mientras tanto, todos los activos del Grupo Vicentín serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF Agro), la firma controlada por la petrolera parcialmente reestatizada.
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Según Fernández, la continuidad de Vicentín en el mercado de granos, permitirá «que los pequeños productores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle lo que ellos producen».
El jefe del ejecutivo adhirió: «Tener una empresa testigo en el mercado de cereales es muy importante».
Polémica
A Fernández también los consultaron sobre la posibilidad de que, bajo la intervención, se compruebe que hubo defraudación al Estado durante la gestión de Macri. A ellos, afirmó que de ser así, se harán las denuncias pertinentes ante la Justicia. No obstante, aclaró que no es el objetivo principal de la medida.
Es importante destacar que la firma Vicentín figura entre las diez agroexportadoras más importantes de Argentina. El pasado 5 de diciembre, entró en cesación de pagos a sus acreedores. Gran parte de los 1.350 millones de dólares de deuda, corresponden a créditos otorgados por la banca pública.
En tanto, tras la decisión anunciada, la polémica no esperó tiempo y ya se han visto enfrentamientos en las redes sociales entre peronistas y anti peronistas. Los primeros alaban la expropiación; los segundos han dicho que Argentina ahora es “Argenzuela”.
