TEGUCIGALPA. Los miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, Vilma Morales, Omar Rivera y Alberto Solórzano, dieron a conocer este lunes en el foro televisivo de Canal Once, los principales avances que han tenido como parte del proceso de depuración de la Policía Nacional de Honduras.
Vilma Morales: Se analizan varios estudios
De acuerdo a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales, entre las principales iniciativas con el poco de tiempo de trabajo se han analizado varios estudios realizados que han venido haciendo desde la Secretaría de Seguridad con la cooperación internacional en este caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras.
Al ser consultada si esta comisión de notables tiene la facultad de investigar el destino de 200 millones de lempiras que gasto la DIECP, consideró que “ese es un trabajo que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya que es el órgano competente para verificar el buen uso y destinos de la hacienda pública”.
Aclaró que “nuestro rol no corresponde ni a sustituir al Ministerio Público, ni al TSC y mucho menos a la Procuraduría General de la República, al Poder Judicial, pero si corresponde como dice el decreto 21-2016 que aquellos hallazgos que representen la presunta comisión de ilícitos si remitirlos al MP y en los que corresponda al TSC”.
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“El general Arístides González era miembro de nuestra iglesia, personalmente ore con el cuándo acepto esta responsabilidad, pastoreaba su familia y fue un impacto muy fuerte para mí lo que paso con él, ya que cotidianamente interactuamos con personas que están sufriendo el efecto de la violencia y de cosas que no está pasando bien en la Policía”, reveló Solórzano.
El miembro de la comisión depuradora confirmó que “ha sido una participación extraordinaria trabajar con los comisionados, (Vilma y Omar), y siento que si me dieran la oportunidad de volver a repetir esto lo volvería hacer con todo gusto porque creo que el resultado de este esfuerzo va dejar algo positivo para el país”.
“En el caso de aquellos expedientes donde hubiesen indicios de posible delito, nosotros no podemos proceder con eso, pues ya hay instituciones que se encargan de ese trabajo y lo nuestro es remitir y lo haremos en los próximos días públicamente al MP y cualquier otra instancia para que sean ellos los encargados de dar seguimiento y judicializar en el caso de culpabilidad”, detalló.
De su lado, el representante de la sociedad civil, Omar Rivera, dijo que “fueron cuatro años de presionar a las autoridades por este momento para tomarse en cuenta que a lo interno de la Policía existían agentes de escala básica y oficiales que no cumplían el perfil de idoneidad, así como también exigíamos una depuración de arriba hacia abajo comenzando por los generales”.
Cuando existió ese consenso en el Congreso Nacional para delegar la responsabilidad a ciudadanos que colaborarían con las autoridades pues no dudamos y no sólo a título personal sino en función de las plataformas, no dudamos en participar y en 45 días hemos hecho lo que lamentablemente no se hizo con más de 200 millones de lempiras que se invirtieron en los últimos años”, aseveró Rivera.
En ese sentido, apuntó que “espero que en menos de tres meses nosotros hayamos concluido la etapa de evaluación de ese liderazgo policial y proceder a un proceso de recertificación ”.
Señaló que “hay que evaluar el modelo que se utilizó para depurar que, sin duda, fue equivocado debido a que le pusieron toda la carga a la DIECP. Pensar que los zares de la depuración eran miembros de esta institución y si ellos tenían limitaciones igual a las que tenemos nosotros, ya que si su desempeño no fue como la sociedad esperaba hay un doble problema porque no solo estaba malo el diseño si no también las personas que en su momento nombraron”.
Finalmente, enfatizó que “el problema fue no haber tomado una decisión, ya que todo funcionario público cada año debe hacer un registro de sus bienes y cómo es posible que no se tenga la capacidad de poder advertir cuando alguien tiene un crecimiento desproporcionado e injustificado de su patrimonio por lo que ha existido tolerancia en aceptar muchos ilícitos como algo propio de la actividad policial y eso es lo que esta comisión no va permitir”.
