Redacción. Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), lamentó que se derogaran los convenios entre el Gobierno y las iglesias, asegurando que «aquí va a ser más fácil que entren mareros de otros países, a que venga la gente que viene a hablar de Dios».
Urtecho detalló en las últimas horas que desconoce las intenciones del gobierno con relación a la derogación de convenios con iglesias.
El analista aseguró estar desconcertado, ya que las congregaciones auxilian a Honduras, trayendo brigadas médicas y evangelización. De igual forma, mencionó que es fácil que entren pandilleros al territorio nacional que personas que quieren hacer un bien para la sociedad.
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Urtecho invitó a las autoridades «a generar mejores condiciones. Creo que es un error de parte de la Secretaría de Gobernación».
Urtecho precisó para Radio América que las instituciones religiosas podrían estar en riesgo. Aseveró que luego correrían la misma suerte las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los sindicatos y, finalmente, las organizaciones empresariales.
«No nos parecemos, estamos siguiendo los mismos pasos del Gobierno de Nicaragua«, señaló.
Por su parte, Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración (INM), exteriorizó que el Gobierno derogó los convenios con las iglesias debido a una actualización de estos. Afirmó que no se trata de motivaciones ideológicas o políticas.
Pese a la versión de las autoridades, las iglesias no ven con buenos ojos las decisiones tomadas por la administración de la presidenta Castro. Además, sociedad civil anunció que tomará cartas en el asunto.
Decepción
Por su parte, el pastor Evangélico Roy Santos dijo que «el Gobierno da un sutil golpe a las iglesias en Honduras y con ello está defraudando el voto que le dio un sector de líderes religiosos y cristianos».
Generalmente, las iglesias cristianas utilizaban estos convenios para facilitar la entrada de sacerdotes, pastores y funcionarios para sus misiones de acción social. Por ejemplo, el caso de los adventistas.
Además, se establece que será el Instituto Nacional de Migración (INM) quien debe resolver y aprobar los «convenios con asociaciones debidamente registradas en el país que estime conveniente».
