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domingo, julio 7, 2024

Unos 80 casos de desplazamiento forzado registra la Secretaría de Derechos Humanos

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Redacción. La Secretaría de Derechos Humanos informó este jueves que hasta la fecha se han registrado 80 casos de desplazamiento forzado, en su mayoría, por la violencia y el crimen organizado.

Andrea Pineda, funcionaria del ente gubernamental, detalló a medios locales que de los afectados algunos ya se desplazaron y otros están a punto de hacerlo por las amenazas constantes. Hoy en día la secretaría cuenta con una dirección abierta a recibir denuncias las 24 horas del día.

«Estos son casos que hemos atendido este año (2024). Sin embargo, también estamos dándole seguimiento a casos del año pasado, los cuales no podemos dejar pasar desapercibidos», aseveró Pineda.

80 casos de desplazamiento forzado registra la Secretaría de Derechos Humanos
Andrea Regina Pineda, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos.

Ante el flagelo, las autoridades han activado planes de ayuda humanitaria, por ejemplo: componentes de respuesta al desplazamiento interno. La problemática no se ha logrado frenar a pesar de que se cuenta con una Ley contra el Desplazamiento Forzado, aprobada por el Congreso Nacional.

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Población afectada 

Un reciente estudio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indicó que los comerciantes y amas de casas son las profesiones que más desplazados internamente deja la violencia en Honduras.

Un total de 266 quejas de esta naturaleza fueron interpuestas por comerciantes y 250 por amas de casa en este año (2024). Mientras que en 2023, la violencia delincuencial que enfrenta Honduras provocó que cerca de 1,700 personas interpusieran denuncias.

Desplazamiento forzado interno
El incremento de la extorsión, amenazas, asesinatos, despojo de propiedades, trata de personas y el reclutamiento de niños y jóvenes tuvo un fuerte impacto en la población afectada.

Los hondureños están en contante riesgo de resultar afectados por los desplazamientos forzados, un fenómeno que se incrementa cada año por causas asociadas a la extorsión, las amenazas y la muerte violenta.

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