Hugo Noé Pino
La elección de una corte suprema es siempre un acontecimiento de suma importancia en la vida institucional de cualquier país. La elección de los magistrados, cuando estos son capaces, probos y no se sujetan a más dictados que la aplicación de la ley, constituye la mejor garantía de seguridad jurídica que un país pueda tener.
En el pasado reciente, la Corte Suprema de Justicias era también la encargada del nombramiento y remoción de los jueces en Honduras, aspecto que también es fundamental para la correcta aplicación de la justicia, cuando dichos jueces actúan con total independencia y respeto a la ley. Sin embargo, esa tarea ha sido confiada ahora al Consejo de la Judicatura, el cual se ha convertido en la punta de lanza del partido Nacional para nombrar y remover jueces a su antojo y bajo criterios eminentemente políticos-partidista.
La selección de los magistrados a la Corte Suprema en las últimas décadas ha sido decidida por el bipartidismo tradicional, llegando a repartirse los magistrados; estableciendo como norma implícita que el partido ganador de las últimas elecciones tiene derecho a la mayoría y el partido perdedor la minoría. De esta forma, en las últimas selecciones han predominado ocho magistrados liberales y siete nacionalistas, o viceversa.
Pero la garantía que se escogerá una mayoría de magistrados afines a las élites políticas y económicas del país se da precisamente con el mecanismo de selección. En los últimos tiempos ese mecanismo se “abrió” a la participación de la sociedad civil para hacerlo aparecer como un proceso democrático y participativo. Ninguna de las dos cosas en la realidad.
En primer lugar, las élites mencionadas se aseguraron en la ley que las organizaciones proponentes sean aquellas en donde tienen una injerencia directa o indirecta. Por ejemplo, el poder judicial, el Comisionado de los Derechos Humanos y la UNAH, por medio del Claustro de la Facultad de Derecho. Segundo, las organizaciones de la sociedad civil son aquellas en donde se encuentra mayor grado de afinidad, por ejemplo, los empresarios y el Colegio de Abogados. En minoría quedan las organizaciones obreras y otros sectores organizados.
De esta forma van surgiendo las nominaciones, plagadas de candidatos sin la experiencia, capacidad y honradez que el alto cargo requiere, pero que cuentan con la bendición de la estructura de poder del país. Este hecho no solo garantiza una Corte manejable, sino que impide que aquellos que sí gozan con todos los requisitos para el puesto, tengan la voluntad de prestar su nombre para aparecer en una lista o auto proponerse. Ellos saben que es una elección amañada.
Este proceso ha llevado a que varios miembros de este cuerpo colegiado tan importante para Honduras este formado por abogados que nunca han procurado en su vida, que nunca han emitido una sentencia, que nunca han escrito una artículo académico sobre derecho procesal u otra rama del Derecho. Otros, que sí lo han hecho, son conocidos por sus antecedentes nada transparentes. No obstante, hay sus honrosas excepciones, que son un orgullo a su profesión, pero que no son escuchados o sus votos desplazados por la mayoría mecánica.
Uno de los ejemplos más claros de lo antes dicho es que la sociedad hondureña se ha visto sorprendida por los nombres desconocidos y sin trayectoria de la mayoría de magistrados después de la elección por el Congreso Nacional. Esta nueva elección va por el mismo camino.
Aunque ahora se puede presentar una variante. Las promesas que en el Congreso Nacional se abrirá la elección a la participación de todos los partidos es una utopía. La negociación entre los dos partidos tradicionales continuará, asegurada por el “Pacto por la gobernabilidad” que garantiza los intereses de la estructura de poder excluyente que caracteriza a Honduras. Pero los votos no son suficientes para alcanzar la mayoría calificada de ochenta y seis votos que requiere la elección; sí se pueden sumar los de la bancada dependiente, de la UD y de la Democracia Cristiana. Si existieran más arrepentidos sería lo ideal para alcanzar el número mágico y los esfuerzos se concentraran en obtenerlos con los recursos que destacara el poeta Sosa.
Si algo falla, el plan B está garantizado por la aprobación de la Ley del Congreso Nacional que en caso de no elegirse un funcionario público en el término de la ley, los actuales magistrados continuarían en el ejercicio de su cargo. Una Corte que avaló un golpe de Estado para impedir una supuesta reelección presidencial y que recientemente sentenciara que la reelección es posible porque la Constitución es inconstitucional. Resultado: la continuación del deterioro de nuestras instituciones.
