TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Juzgado de Letras en Materia de Corrupción dio una condena de 3 años con 9 meses de prisión al empresario Cristian Adolfo Sánchez, acusado del delito de fraude en un caso de corrupción de la Secretaría de Salud (SESAL).
De la misma manera, en la resolución de procedimiento abreviado se le impuso el pago de una multa de 712 mil 125 lempiras. A su vez, se le inhabilitó de manera absoluta por el doble de tiempo que dura su condena.
A Cristian Adolfo Sánchez se le sigue el proceso judicial por el delito de fraude a título de cooperador necesario. Según el expediente, la SESAL firmó contratos para la creación de programas digitales de vigilancia, fiscalización y control de salud con el imputado, pero no los entregó ni se pusieron en funcionamiento.
Asimismo, el empresario aceptó que formó parte de una red de corrupción dentro de la Secretaría de Salud, donde se implica también a la exministra, Yolany Batres. En consecuencia, se declaró culpable la semana pasada a través del procedimiento abreviado.
El proceso penal se presentó ante las instancias judiciales por la utilización de unos 7 millones 885 mil lempiras, en la adjudicación de 9 contratos por los conceptos antes detallados. Esta situación ha causado perjuicio para las arcas nacionales.
Este caso es por hechos en perjuicio de la Secretaria de Salud, institución que firmó varios contratos para la creación de programas digitales para vigilancia, fiscalización y control en salud, mismos que no habrían sido entregados o puestos en funcionamiento. pic.twitter.com/CrRZLuS9Aq
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) August 30, 2023
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Expediente investigativo
En este caso de corrupción en contra de la SESAL, se le señala también a:
- Gladys Hermelinda Paz Díaz, exdirectora del marco normativa de la regulación sanitaria
- Benelio Alvarado Membreño, exadministrador de la dirección del marco normativo
- Lolita Vanessa Cordero, excoordinadora de la unidad de información
- Héctor Rolando Figueroa Fúnez y Luis Gerardo Zelaya (empresarios)
Las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), muestra que los imputados entre marzo y septiembre del 2014, defraudaron al Estado por más de 7.8 millones de lempiras por la adjudicación de 9 contratos de forma irregular.
En consecuencia, el Ministerio Público logró comprobar que las contrataciones se dieron en total violación de la ley y disposiciones del presupuesto. Es decir, que se hicieron buscando favorecer a personas naturales y empresas de maletín.
