Redacción. Las constantes protestas y tomas de vías públicas que a diario se suscitan a lo largo y ancho del territorio hondureño generan «pérdidas innumerables» en diferentes sectores que afectan «severamente» y hunden la economía nacional, según Rafael Delgado, miembro del Colegio Hondureño de Economistas de San Pedro Sula.
Al ser consultado por Diario Tiempo, Delgado instó a las autoridades a resolver la problemática «lo antes posible», pues las protestas y tomas son una «reacción natural» de la población ante la «falta de respuestas del Gobierno».
«Todas esas movilizaciones generan costos. Pero el problema no es la gente, el problema es que no se resuelven los problemas de la gente», señaló.
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Tomas de carreteras
Sin ir más lejos, la semana anterior un grupo de policías depurados se tomó el bulevar del Norte en San Pedro Sula. Los exagentes exigían ser reintegrados a la institución. Horas más tarde, otro grupo hizo lo propio en la carretera CA-5, a la altura de Zambrano.
Horas después fueron desalojados por un contingente de policías antimotines y tanquetas de agua. Sin embargo, la acción paralizó durante varias horas la principal carretera del país, significando un impacto negativo para la economía nacional.
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Gobierno apoya los desalojos
Tras el desalojo de los policías depurados, Casa Presidencial rápidamente se posicionó manifestando su apoyo a las acciones de desalojo realizadas por la Policía Nacional.
“Casa Presidencial apoya las acciones ejecutadas por la Policía Nacional para garantizar el libre tránsito y la libre circulación en las carreteras internacionales y vías públicas de todo el país”, reza el comunicado enviado desde el Gobierno.
En el comunicado, además, aseguraron que reconocen el derecho a la protesta siempre y cuando se lleve “de forma pacífica y sin entorpecer y desbordar los límites marcados por el derecho de la libre circulación de la ciudadanía”.
Es así que, para futuras tomas de vías públicas, las autoridades policiales aplicarán un “Protocolo Especial” con el fin de evitar la obstrucciones de carreteras y principales vías públicas del país.
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Afectan la competitividad
Además de interrumpir el tránsito de mercancías, las tomas de carreteras también afectan a las personas que se trasladan de un lugar a otro. Esta situación, consecuentemente, provoca una merma en la competitividad del país, según Rafael Medina, exdirectivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
En tal sentido, Medina considera necesario «reflexionar sobre el impacto económico» que desencadenan las constantes manifestaciones en carreteras, pues cada vez son más los sectores que se suman a esta práctica «para buscar solución a sus problemas».
Según Medina, esto «afecta la competitividad y operatividad de las empresas, así como el suministro y el cumplimento de plazos». Criterio compartido por Delgado, quien refirió que las tomas de carretera generan «atrasos en la producción y llegadas tarde de los empleados».
El resultado, según los analistas, son «pérdidas innumerables en diferentes sectores» de la economía nacional.
Más de 4 mil protestas
El pasado 30 de marzo, mientras las instalaciones del Ministerio Público permanecían tomadas por empleados que exigían un aumento salarial, simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) protestaron en San Antonio de Flores, en El Paraíso.
Ese mismo día también hubo dos protestas más: una La Masica, Atlántida; y otra en Danlí, El Paraíso. Y al día siguiente se registraron cuatro protestas más a nivel nacional: dos de ellas también en El Paraíso, una en Cortés y otra en el Distrito Central. Todo esto, mientras las instalaciones del Ministerio Público seguían tomadas.
En conferencia de prensa el miércoles 3 de mayo, el director general de la Policía Nacional, Héctor Gustavo Sánchez, refirió que durante el actual gobierno se han registrado «más de 4 mil protestas y tomas de ejes carreteros«.
En tal sentido, indicó que crearon un protocolo que los autoriza para «hacer uso de la fuerza racional» para despejar los ejes carreteros.
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Diálogo
Sin embargo, el jefe de la Policía Nacional también señaló que, antes de proceder a desalojar las protestas, el protocolo manda conceder «un tiempo prudencial» para hacer ver a los manifestantes que «esa no es la manera para protestar, y que la Constitución garantiza la libre expresión, pero también faculta la libre locomoción«.
Los analistas coinciden en que apelar al diálogo es la mejor manera de evitar que se sigan produciendo este tipo de acciones, no así «a través de medidas represivas», según el criterio de Rafael Delgado.
Visión también compartida por Rafael Medina, quien considera necesario que las partes involucradas «busquen el diálogo y logren entendimientos». Sin embargo, «este Gobierno se eligió como un gobierno popular y ha quedado muy atrás de las expectativas«, concluyó.
¿Infiltrados?
En algunas ocasiones se ha teorizado que, entre los tantos manifestantes que participan de las protestas también hay grupos que buscan desestabilizar al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Esta postura se maneja desde el oficialismo, aunque no goza del apoyo de otros sectores.
En este sentido, Delgado considera que, lejos de que estas manifestaciones estén dirigidas por infiltrados de la oposición, las protestas y tomas de las vías públicas se basan en problemas auténticos que Honduras nunca ha podido resolver.
«Yo no creo tanto en la teoría de la conspiración… De que son parte de miembros del Gobierno, de meterle fuego al país. O por el otro lado, acusaciones del Gobierno a otros que quieren desestabilizar su gestión. Si la gente tiene que irse a tomar una carretera, definitivamente el Gobierno está actuando mal, porque está dejando que los problemas sigan su curso», agregó Rafael Delgado.
El especialista en investigación social, Tomás Andino, opinó que si el Gobierno tiene sospechas de trama conspirativa, lo mejor es investigar. Pues refiere que es peligroso volver a «criminalizar la protesta si no tienen argumentos sólidos». Aunque dijo no descartar la posibilidad de que esa teoría sea real.
«Yo no descarto que pueda haber sectores interesados en incentivar las protestas. Pero si eso es así, debe ser algo profesionalmente investigado y sin llevarse el derecho de encuentro», argumentó Andino.
Consecuentemente, el también defensor de Derechos Humanos, señaló que abogan porque se le dé respuesta a la gente y porque no se reprima el derecho constitucional a la protesta.
