Redacción. El Gobierno de los Estados Unidos publicó ayer formalmente la nueva ley que restringe el acceso al asilo en la frontera de México sustituyendo al Título 42, de la administración Trump, lo que ha desatado una fuerte tensión entre miles de indocumentados que enfrentan un laberinto legal, bajo un manto de incertidumbre.
Un funcionario del Gobierno norteamericano declaró ante los medios que la nueva norma se publicaría “el miércoles en el registro federal”. Además, esta nueva ley califica como «no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen la frontera de manera irregular».
La normativa es una de las nuevas medidas que regirán la frontera entre México y EEUU a partir de hoy, jueves 11 de mayo, día que el Título 42 quedará sin validez.
A partir de la entrada de la nueva norma, la principal vía para la solicitud de asilo para los migrantes será la APP «CBP One». Esta aplicación móvil dará la oportunidad a indocumentados de acordar citas con las autoridades norteamericanas de migración para exponer sus casos.
Autoridades afirman que la aplicación permitirá desarrollar unas mil citas diarias para solicitar asilo. Asimismo, «las convocatorias podrán incrementarse dependiendo de la capacidad de los trabajadores del servicio de migración», explicaron.
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La nueva ley advierte que quienes no se apeguen a los procesos y decidan cruzar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos. Sin embargo, aquellos a los que se les haya negado el asilo en un tercer país sí podrán acceder al beneficio.
Otra de las opciones para los migrantes que crucen de manera irregular, según autoridades, será la demostración concreta ante migración de haber encontrado barreras tecnológicas o de lenguaje para acceder a la aplicación.
Además, las personas calificadas como «no aptas» pasarán por el proceso de deportación y enfrentarán una penalización de 5 años sin poder entrar a EEUU. Agregaron, que todos aquellos que insistan en cruzar la frontera sin los debidos procesos enfrentarán cargos penales.
Derechos humanos
Por su parte, varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, han criticado duramente la norma promulgada cuando se encontraba en la fase de comentarios públicos. La definen como una «violación de los derechos humanos y de la ley» internacional.
«Ignoramos lo que está sucediendo», dice con impotencia Michel en la mexicana Ciudad Juárez (norte). En esta ciudad miles como él permanecen atrapados en una maraña de requisitos para poder cruzar a Estados Unidos.
La confusión crecía poco antes de que el gobierno de Joe Biden levantara el Título 42, norma adoptada por su antecesor Donald Trump para evitar la propagación del covid, pero que en la práctica sirvió para expulsar a casi todos los migrantes que llegaban sin papeles.
¿Qué pasará a partir del viernes?, se preguntan Michel, venezolano, y muchos otros migrantes en un campamento callejero a unos 300 metros del muro fronterizo y del río Bravo, que separa a los dos países.
Difícil de entender
El repertorio legal para entrar a Estados Unidos, ampliado ante el fin del Título 42, resulta difícil de entender para los indocumentados, a menudo sin opciones de retorno tras haber vendido todas sus pertenencias para pagar a «coyotes» (traficantes) que prometen ayudarlos a pasar la frontera.
Una cosa sí parece clara para la mayoría: la advertencia de que con el Título 8 no sólo habrá expulsiones hacia México sino un aumento significativo de las deportaciones. Asimismo la prohibición de entrada a los infractores durante cinco años y procesos penales para reincidentes.
De hecho, la Casa Blanca advirtió el miércoles que aquellos que ingresen ilegalmente no serán «elegibles» para obtener asilo y terminarán expulsados, salvo que demuestren «un temor razonable de persecución» en sus países.
No son capaces
«No son capaces de darnos una opción con la que uno tenga más posibilidad de entrar. Lo que hacen es que tengamos problemas, accidentes. Eso no ven ellos, ellos ven lo que les conviene», reniega Michel junto a su esposa e hija de cinco años, que juega con un perro de peluche.
Albañil venezolano de 35 años, llegó a Ciudad Juárez hace un mes tras sortear la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, por las mismas exigencias legales del gobierno mexicano.
En su campamento levantaron un altar en memoria de las 40 personas fallecidas el 27 de marzo en el incendio de Ciudad Juárez. Siete de sus compatriotas se cuentan entre las víctimas.
“Nos están poniendo las cosas más difíciles”, afirma Michel. Lo anterior lo dijo tras fallar otro intento por sacar una cita para pedir asilo por la aplicación móvil CBP One.
Situación dramática
Pero como en un drama kafkiano, el hombre teme que en su ausencia la aplicación vuelva a funcionar y no pueda escanear su rostro.
Estados Unidos anunció que a partir del viernes la aplicación CBP One dará 1.000 citas diarias.
Pero sólo desde octubre pasado, la policía fronteriza contabilizó 1,2 millones de interceptaciones de migrantes en su frontera sur, un flujo «sin precedentes».
En realidad, ese requisito aplica para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este se dará en un programa mediante el cual se han autorizado unos 95.000 viajes por vía aérea, según datos oficiales.
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Amnistía Internacional denunció recientemente que el uso obligatorio del CBP One viola el derecho al asilo. Agregaron, que la aplicación limita el acceso a personas alfabetizadas y que tienen un celular con internet.
El desconcierto que genera esta situación empuja a los migrantes a cruzar ilegalmente por el río Bravo.
