TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de que este jueves se desarrollara la audiencia de declaración de imputados, un juez con jurisdicción nacional decretó enviar a la Penitenciaría Nacional de Támara a los supuestos testaferros de «Los Cachiros».
Se trata del abogado Francisco Arturo Mejía, su esposa, Waldina Lizzette Salgado Pérez, y su hijo, Roberto Arturo Mejía Salgado.
Como se recordará, los antes mencionados tenían órdenes de captura y estaban prófugos desde el año pasado. Sin embargo, ayer se informó que se entregaron de forma voluntaria en la ciudad de San Pedro Sula.
A los tres imputados se les acusa de lavado de activos y asociación ilícita por vínculos conn el cártel. Las acusaciones se derivan de investigaciones contra una red de testaferros de «Los Cachiros» iniciadas el 22 de julio de 2016.
Lo anterior, tras la captura, en el aeropuerto de SPS, de Enwis Yamil Varela Santos y Miguel Ángel Gain Tejeda, a quienes les decomisaron 11,439 dólares. Cabe señalar que en ese momento, ellos lograron justificar con documentos la cantidad de dinero.
No obstante, el 20 de febrero de 2018, la ATIC señaló que Varela Santos estaba casado con Yuri Stefany Rivera Hernández; quien desde 2010 invirtió en 10 bienes, dos vehículos y se constituyó como comerciante individual con un capital de 200 mil lempiras.
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En situaciones irregulares se detectó participación del abogado
Según se dio a conocer, en la compra, venta y donaciones de propiedades irregulares se detectó la participación del abogado Francisco Arturo Mejía. Así como de otras personas que están acusadas y en prisión luego de la Operación «Apolo», ejecutada en 2018.
Igualmente, se estableció que el abogado en 2006-2007 hipotecó una propiedad en la aldea La Venada por un valor de 2 millones 150 mil lempiras.
Posteriormente, dicha propiedad la traspasó en donación a otra persona. Y después, en 2013, la volvieron a pasar a nombre de Javier Hernández Mejía.
También se informó que Mejía recibió un poder general de administración de Devis Leonel Rivera Maradiaga. Con el cual podía manejar la sociedad Inversiones Rivera Maradiaga y otras ligadas al cártel.
En ese sentido, el abogado, su esposa y su hijo están acusados por fraude y soborno doméstico en el caso «Patuca III»; donde también están involucradas otras siete personas.
