TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras permanecer prófugos, tres integrantes de una familia vinculada a «Los Cachiros» y al caso de corrupción «Patuca III», hoy se entregaron de forma voluntaria ante las autoridades hondureñas.
A los imputados se les señala por figurar como representantes legales de sociedades mercantiles que se utilizaron para cometer fraude en perjuicio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Se les identificó como Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Lizzette Salgado Pérez y el hijo de la pareja, Roberto Arturo Mejía Salgado. La entrega voluntaria se suscitó hoy, pero pocos datos se revelaron en torno al tema.
A los tres los acusan por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, al tener una supuesta conexión con Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga.
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Caso «Patuca III»
Las investigaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) implican principalmente a Francisco Mejía. Aunque su esposa e hijos, también figuran.
El 12 de agosto de 2011 se firmó un contrato entre autoridades de la ENEE y la empresa Acrópolis por la Construcción de Unidades de Viviendas del Campamento «Patuca III». El representante legal era Francisco, que fue principal abogado de «Los Cachiros».
Este negocio ascendió a L. 98,1 millones por 60 viviendas en el complejo de la represa.
Esa misma fecha, autoridades de la ENEE y Acrópolis firmaron otro contrato para construir viviendas, oficinas y otras obras en el complejo hidroeléctrico del Valle del Aguán; el monto total fue de L. 22,7 millones.
Asimismo, el 12 de diciembre de 2011, Acrópolis se benefició nuevamente con la firma de un contrato por L. 20,4 millones; este proyecto implicaba la Construcción del Edificio Administrativo, Escuela, Comedor, Clínica y Helipuerto para el campamento de «Patuca III».
Mientras que el contrato de Equipamiento de Unidades de Vivienda y Oficinas de «Patuca III» tuvo un costo de L. 14,5 millones. Solamente en estos cuatro proyectos figuraron las empresas Acrópolis y Lutopas.
En ambas aparece como representante legal Francisco Mejía; quien supuestamente, por estos contratos, se agenció con más de L. 155 millones. No obstante, las compañías que compitieron en la licitación pública estaban ligadas por lazos familiares y comerciales.
La esposa y el hijo de Mejía también figuraban como representantes legales de empresas que cometieron fraude a la ENEE. Entre las que destacan Acrópolis, Arqdico, Concretos del Norte e Inrimar, Lutopas, Ergo Limited, y otras.
