Tegucigalpa, Honduras. La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, denunció en televisión abierta que la masacre que dejó 46 mujeres fallecidas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) se encontraron municiones disparadas de armas pertenecientes a la Policía Nacional.
El incidente provocó la muerte de 23 féminas acribilladas con arma de fuego y arma blanca, mientras otras 23 murieron incineradas dentro del recinto penitenciario.
En ese sentido, en el foro Frente a Frente, Villanueva afirmó que el 96% de las municiones percutidas en ese fatídico día estaban asignadas a la Policía Nacional. Los casquillos llevaban la marca «IMI-PN» (Industria Militar Israelí – Policía Nacional), de acuerdo con las pruebas que presentó.
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«Puede haber habido una confabulación con los que cuidaban en ese momento los recintos policiales. A unas privadas de libertad les dieron armas y a otras no», manifestó.
Concluyo que debido a los estudios que realizó, decidieron obstaculizarle la investigación del hecho sangriento y pidió al Ministerio Público iniciar con las indagaciones.
Y es que el hecho violento en el Centro Penitenciario, le costó el puesto al exministro de Seguridad, Ramón Sabillón. Además, removieron a Villanueva de la Comisión Interventora de los centros penales.
«Casquillo son similares a los encontrados en otros hechos violentos»
Sobre la denuncia, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado donde inicialmente afirmaron que las declaraciones de Villanueva son de «título personal».
«En referencia a los casquillos encontrados en la escena de la muerte múltiple ocurrida en PNFAS, son similares a los encontrados en otras escenas de muertes violenta», indica el escrito.
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Agrega: «es de resaltar que, en la administración del gobierno anterior, a través de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), se adquirió a nombre de la institución policial, vehículos, armas, municiones y hasta aeronaves que no se encuentran en poder, ni en los inventarios de la Policía Nacional».
Seguidamente, afirmó que el «Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos. los funcionarios deberán actuar de acuerdo con los mejores intereses del Estado». Esto porque ningún funcionario debe poner en riesgo los procesos de investigación divagándolos antes de presentar los resultados.
De momento las autoridades que realizan la investigación del caso no han presentado los resultados de las indagaciones del caso.
