Por tercera vez, en el transcurso de la década actual, se anuncia la reestructuración del servicio exterior de Honduras, en conformidad con la legislación vigente pero siempre de aplicación postergada.
En más de una ocasión nos hemos referido a la necesidad de racionalizar y modernizar el servicio diplomático y consular para que pueda servir al interés nacional, para proteger a los compatriotas en el extranjero, así como para proyectar la influencia del país en el exterior.
Esas son, precisamente, las funciones de los servicios diplomático y consular, que, como es lógico, requieren de personal calificado –moral, profesional y técnico–, con mayor razón en lo que importa a los países menos desarrollados, como el nuestro, que no gozan del poderío militar y económico para imponerse en el ámbito internacional.
En el mundo globalizado, la evolución del Derecho Internacional ha marcado un rumbo hegemónico, en franca colusión con los principios de la soberanía nacional, vale decir la no injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro Estado y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Ha habido avances –al menos teóricamente—en lo relacionado con el respeto y protección de los derechos humanos, pero, por otra parte, se ha desdibujado, en materia de defensa nacional, la línea divisoria entre lo interno y lo externo, configurando así, con el pretexto de la seguridad trascendente, el predominio del más fuerte sobre el débil y justificando el terrorismo estatal y los atentados a la soberanía nacional.
Algo similar ocurre en materia económica y financiera, al extremo de crearse un sistema prácticamente de vasallaje, en que los Estados pequeños –y aún los medianamente grandes—difícilmente pueden sobrevivir, o por lo menos vegetar. Una situación de graves repercusiones en aumentos de pobreza, de marginación productiva y de desigualdad social, hoy día la causa principal de la violencia en sus diferentes modalidades y manifestaciones.
Pues bien, frente a un cuadro de tal condición, la aplicación de una política pública de relaciones exteriores de países como Honduras (y del resto de América Central) torna a ser mucho más exigente de profesionalismo, pero sobre todo de compromiso patriótico. Es, por supuesto, un desafío difícil, complejo, aunque de impostergable abordaje.
Honduras cuenta con una Ley del Servicio Exterior y Consular relativamente adecuada a los efectos de la profesionalización y la eficiencia técnica, pero carece de la organicidad de sistema. En las presentes circunstancias, a lo que puede llegarse con alguna eficacia es a cierta depuración y racionalización del personal, a alguna reducción del favoritismo y de la burocracia inútil, así como a la moderación de las establecidas cuotas de poder privilegiado.
Pero, en lo fundamental, no parece haber grandes perspectivas de cambio por la sencilla razón de que la política exterior de un país es la proyección de su política interna. Y, siendo así, a lo Gatopardo, todo cambia para que no cambie nada.
