Redacción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), admitió un recurso a favor del ciudadano Sergio Rodríguez Orellana, uno de los sentenciados en el crimen de la líder popular Berta Cáceres, lo que podría acarrear graves consecuencias para el Estado.
En la demanda, Rodríguez Orellana, exhorta a la Corte-IDH a investigar violaciones de derechos humanos en su contra en la acusación que le emprendió la Fiscalía por el asesinato de la ambientalista.
Abogados penalistas advirtieron que Honduras podría recibir una nueva condena, porque existen indicios de violaciones durante el proceso de Rodríguez Orellana.
“La Corte no va a admitir algo solo por admitirlo. Todo lo que admite lo estudia y él va a ganar ese caso y Honduras será condenada”, adelantó el abogado penalista Marlon Arévalo.
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Arévalo indicó que “se presentó una denuncia con tres puntos y se le admitieron dos. Sin embargo, lo primordial es que en ese caso se hizo un peritaje donde montaron pruebas y eso lo van a lograr probar internacionalmente. Cuando lo prueben, esta persona va a recobrar su libertad y el Estado de Honduras deberá pagar una indemnización multimillonaria”.
A criterio del togado, durante el juicio donde condenaron a Rodríguez Orellana, “no presentaron las conversaciones completas, sino que las manipularon porque Honduras no tienen ningún perito certificado para poder hacer este tipo de peritajes”.
Concordando con Arévalo, el también abogado penalista, René Altamirano, aseveró que con la admisión de la queja solamente se evidencia que “cuando hay intereses y presiones, los jueces dictaron fallos que no adecuados”.
“Estas demandas al final tiene que pagarlas todos los hondureños, es perjudicial. Eso no es bueno para nadie”, añadió.
“La población paga”
Reiteró que en una condena “cuando hay una falla del Estado o de cualquier funcionario el responsable es el Estado, pero el que paga es la población y eso es lo que nadie quisiera”.
Altamirano dijo que “la justicia debe ser imparcial e igual para todos, eso es lo que nos puede llevar a que la gente tenga confianza en el Estado, en la impartición de justicia, en que funcione el sistema”.
El 29 de noviembre de 2018, Rodríguez Orellana y otras siete personas fueron encontrados culpables por el crimen de la ambientalista Cáceres. El 2 de diciembre de 2019 se le condenó a 30 años y seis meses de reclusión.
Recientemente, Juan Carlos Sánchez, abogado defensor en la causa abierta por este crimen, denunció en la Fiscalía a una perito del Ministerio Público. A ella la responsabilizan de haber manipulado una conversación por WhatsApp que sirvió como prueba en el juicio.
