Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, emitió un mensaje este lunes en el que convocó a los integrantes de la Junta Proponente para el Proceso de Selección de Candidatos a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto.
Los integrantes serán: uno de la CSJ designado por el pleno, otro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y otro de las privadas.
El resto serán, uno del Colegio de Abogados de Honduras, otro de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos y el último de las organizaciones de Sociedad Civil.
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Las acreditaciones a cada uno de los representantes deberán enviarse antes de la media noche del 22 de mayo de 2023 a la Secretaría General de la CSJ.
«Hemos realizado un análisis jurídico, concluyendo que en vista de la carencia de un procedimiento específico para la elección del representante de la Sociedad Civil, dichas organizaciones deben acreditar a su representante con base en los lineamientos del artículo 6 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la CSJ”, expresó.
También, manifestó que tienen un compromiso por conformar la Junta Proponente y que debe superar la elección de la CSJ. Asimismo, recalcó que tienen la finalidad de que la población hondureña tenga una mayor confianza en el proceso.
Representantes no deben tener investigaciones en curso
La titular de la CSJ señaló que los representantes de las instituciones no deben tener investigaciones ni procesos en curso por violaciones de Derechos Humanos. Al igual que, delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos y narcotráfico en cualquiera de sus tipologías.
Asimismo, no deben haber recibido sanciones de sus Colegios Profesionales o Tribunales de Honor. Además, se pide que sean personas que no tengan participación como miembros directivos de partidos políticos u ostenten cargos públicos de elección directa.
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Entre los requisitos también se establece que deben ser personas que si han tenido contratos con el Estado, los mismos deben haberse cumplido. No se aceptarán en el proceso a personas que actualmente estén participando como oferentes en procesos de adjudicación con el Estado.
Finalmente, se detalló que los aspirantes no deben ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la presidenta de la República o los designados.
