Tegucigalpa Honduras. Los asesinatos múltiples, las revueltas en los centros penales, la extorsión y el crimen organizado figuraron como los principales desafíos para las autoridades hondureñas en materia de seguridad durante el 2023, pese a una disminución de más de 600 homicidios al cierre del año.
Honduras se posiciona como el quinto país más violento de Latinoamérica (Latam), y el primero en Centroamérica, según cifras del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
En los primeros 11 meses del año unos 2,735 hondureños perdieron la vida de manera violenta, si bien es cierto la cifra es alta, la Secretaría de Seguridad logró una reducción de unos 666 homicidios en comparación al 2022 que cerró con 3,401 muertes violentas.
Asimismo, durante el año se registraron 43 muertes múltiples, con 205 víctimas siete menos en comparación al 2022.
De acuerdo a las cifras oficiales, en términos departamentales Cortés ocupa el primer lugar en violencia con 467 homicidios, donde se ubica San Pedro Sula, la quinta ciudad más peligrosa del mundo, según el Crime Index.
Le sigue Francisco Morazán, Choloma, Tocoa, Comayagua y Catacamas con altos niveles de conflictividad durante 2023.
Estado de Excepción
Autoridades atribuyen parte de la baja en la incidencia de homicidios a las ampliaciones del Estado de Excepción, medida implementada por el Gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, desde el 2022 para reducir los índices de violencia en al menos 158 de los 298 municipios del país.
Bajo la medida se logró la captura de más de 2,000 personas vinculadas al crimen organizado este año, además, se logró sacar de circulación armas de fuego que estaban en poder de la delincuencia, según autoridades.
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Respecto al tema, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, comentó a Diario Tiempo que «el Estado de Excepción parcial ha sido un instrumento legal que ha contribuido a la mejora en los espacios de seguridad en la población hondureña».
De igual manera, Barahona, apuntó que 49 de los 298 municipios no han reportado homicidios durante todo el año, mientras que otros 250 se mantienen abajo de lo que recomienda Naciones Unidas, como lo aceptable. Es decir, 8 homicidios por cada 100 mil habitantes.
No obstante, Barahona señaló para este medio de comunicación que para que haya cambios en el país no depende de la Policía Nacional «Nuestro trabajo es capturar a las personas que infringen la Ley».
«Este un tema de abordaje social, es un tema de empleo, de cubrir las necesidades del ser humano que lo pueda motivar para desistir de participar en actividades criminales» sentenció.
Por otra parte, diversas organizaciones de Sociedad Civil y analistas señalan que la suspensión de los derechos constitucionales, no tuvo el impacto que se esperaba, ya que cerrar con más de 2,000 homicidios no es un dato alentador.
Desaciertos del estado de excepción
Migdonia Ayestas, directora del OV-UNAH, señala que si bien existe una disminución del total de homicidios en el país, al comparar las estadísticas con los estándares internacionales, Honduras deja mucho que desear.
«Es preocupante cuando el estándar internacional es de 8.8% y nosotros casi cuadruplicamos el número de homicidios, el cerrar con esos números es grave para un país pobre y violento», manifestó.
Desde el análisis del OV-UNAH, las altas cifras de muertes violentas en el 2023 afectaron la imagen del país y ahuyentan la inversión, además produce una afectación en las familias, puesto que las vidas perdidas en el 95% de los casos quedan en la impunidad.
Extorsión
Miles de hondureños, en espacial el sector transporte que desde hace más de una década arrastra la problemática de la extorsión, han denunciado que las altas cifras del delito continúan en incremento pese a las medidas.
Wilmer Cálix, dirigente del rubro, dio a conocer que los transportistas pagaron en este 2023, por concepto de extorsión, unos 600 millones de lempiras. Durante el año, en varias ocasiones se registraron paralizaciones de rutas, debido a este flagelo y el temor a represalias de parte de los grupos criminales.
«Lamentablemente, este 2023 es otro año que se suma a los casi 24 años que llevamos de pagar este flagelo. El sector transporte sigue sufriendo y en los últimos años hemos pagado entre 40 y 50 millones de lempiras mensuales», expresó.
«Modificar el delito»
Ante la alta incidencia de extorsión denunciada, el comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio, explicó a este medio de comunicación que el flagelo será difícil de frenar mientras esté estipulado común delito de orden público y no contra el Estado.
«La extorsión es un delito de orden público; sin embargo, se necesita de la denuncia de la persona. Es importante que el Congreso Nacional (CN) modifique ese artículo para tipificar la extorsión como delito contra el estado», explicó.
Por su parte, la Organización para una Sociedad Más Justa (ASJ) reveló en su informe «Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados», que un 11.1% de la población hondureña sufrió extorsión durante 2023, un incremento mayor al de los últimos cinco años.
Desde el anuncio del estado de excepción, en total, la Secretaría de Seguridad reporta la detención de 314 personas vinculadas al delito de extorsión. Con 40 casos investigados remitidos al Ministerio Público. Además, enfatizaron que han hecho grandes esfuerzos, no obstante, la extorsión es un crimen difícil de atacar.
Aumento de femicidios
Pese a la disminución en el total de las cifras de muertes a nivel nacional, hay grupos vulnerables donde la violencia no disminuyó. Como el caso del asesinato de mujeres.
Honorina Rodríguez, defensora de los derechos de la mujer, sostuvo que los feminicidios aumentaron en unos 50 casos en comparación al año anterior. Siendo de 370 féminas que murieron de manera violenta.
Rodríguez lamentó, el incremento de la violencia contra la mujer pese a los índices a la baja de violencia que maneja la secretaría de Seguridad. «Es lamentable que el presente 2023 más de 370 hayan perdido la vida, es decir, que estos feminicidios siguen esperando justicia», expresó.
«El 95% de estos casos quedan en la impunidad, razón que convierte al país en uno de los países más feminicidas de la región» acotó.
Debido a la falta de oportunidades, las hondureñas se están viendo obligadas a involucrarse cada vez más en el crimen organizado. Esta sería la razón del aumento en las cifras de asesinatos contra mujeres, según la especialista.
Intervención en las cárceles
A mediados del 2023, ante las constantes reyertas registradas en los centros penales, la mandataria Castro anunció la creación de la comisión interventora. Presidida por Jullissa Villanueva. Misma que inició trabajos mediante medidas integrales, pero los hechos violentos continuaron.
Tras varias semanas de operación de la comisión interventora, se registró la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Tragedia que dejó 46 mujeres fallecidas, de ellas 21 calcinadas y el resto acribilladas.
El hecho le costó el puesto al exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, a su vez eliminaron la interventora liderada por Villanueva. Fue así como el control del sistema carcelario pasó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
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En ese sentido, las medidas de la Policía Militar para restablecer el orden en las cárceles panales han sido cuestionadas por «violentar los derechos humanos». Entre ello, la restricción de las visitas familiares.
De momento, no se ha registrado un hecho violento similar al ocurrido en PNFAS. Pero los intentos de ingresar armas, dinero y droga a las cárceles continúan, según ha evidenciado el ente armado.
Los expertos consultados coincidieron que mientras haya un cambio de mando entre PMOP y Policía Nacional, la ingobernabilidad en las cárceles continuará. Además, señalaron que es indispensable que el Estado de Excepción se extienda las veces que sea necesario.
Para el 2024, los cuerpos de seguridad mantienen los retos de reducir la extorción, los homicidios y la delincuencia que perturban el diario vivir en Honduras.
