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jueves, noviembre 21, 2024

SEFIN denuncia ausencia de legalidad en proceso de ZEDE Próspera

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REDACCIÓN. Las autoridades de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), denunciaron «ausencia de legalidad» en el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el procedimiento de la ZEDE Próspera y sus asociadas.

«La Comisión denuncia en forma pública y jurídica la ausencia de legalidad en el procedimiento que el CIADI como ente internacional ha abierto en el caso de la ZEDE Próspera y sus asociadas», comenzó diciendo la ministra de Finanzas, Rixi Moncada.

A su vez, señaló que «originalmente no se encontraban en las operaciones financieras» y catalogó de falso dicho proceso. «Han visto en este litigio la oportunidad de sumarse al saqueo que a través de un falso arbitraje pretende realizarse por un monto aproximado de 10,700 millones de dólares», agregó.

Cuestionan la posición del CIADI en el proceso.

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En tal sentido, Moncada, señaló que el ente al admitir «esta controversia» estaría haciendo caso omiso de las leyes de Honduras. Así como también de otras disposiciones del derecho interno y tratados internacionales.

Por otra parte, las autoridades señalaron que hay conflictos de intereses en el tema de la intromisión de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Arbitraje de inversiones

Recientemente, un grupo de 33 senadores y congresistas estadounidenses enviaron una carta a la Administración Biden. En esta solicitan que mantenga su compromiso y se abstenga de negociar nuevos acuerdos comerciales que incluyan el arbitraje de inversiones.

Zede Próspera demanda a Honduras por más de 10,000 millones de dólares.

En la carta piden la intervención de Biden, en apoyo de la defensa de Honduras en el arbitraje e inversiones iniciado por Próspera, a través de una declaración, un informe amicus curiae o cualquier otro medio.

El documento está dirigido a la representante de Comercio de EE.UU. Katherine Tai y al secretario de Estado Antony Blinken. En ella hablan del ISDS como sistema «defectuoso y antidemocrático» utilizado por las empresas. Señalan que buscan «beneficiar sus propios intereses a expensas de los trabajadores, los consumidores y las pequeñas empresas de todo el mundo».

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