AFP. «Así ya uno puede caminar. Para mí está bueno eso, lo que ha hecho el señor presidente», dijo Norma Gómez, de 58 años, mientras vendía ungüentos para la piel en una calle de San Salvador.
Enfatizó que antes de que el presidente Nayib Bukele lanzara una «guerra» contra las pandillas en El Salvador, para cualquier persona era arriesgado cruzar del «territorio» dominado por una banda criminal al de otra.
Un año después la gente camina sin temor de un barrio a otro y miles de comerciantes dejaron de pagar extorsiones a las pandillas. No obstante, organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica han hecho diversas críticas a las metodologías de Bukele.
«Hoy tengo la confianza de que mi hija y mi hijo salgan de su escuela, y vayan solos a casa usando el transporte público. No tengo temor que pandilleros los vayan a interceptar», indica Mauricio Reyes, empleado de 51 años.
120 mil muertos
La Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, con sus dos facciones, habían establecido «fronteras» en las áreas que controlaban, donde todos tenían que someterse a sus reglas bajo riesgo de perder la vida.
Controlaban el 80% del territorio del país, según Bukele, y se financiaban con extorsiones y narcomenudeo, y negocios de transporte, comercios y moteles, ahora desmontados por las autoridades.
Tomaron el control territorial después del fin de la guerra civil (1980-1992). Asimismo, se les atribuyen 120.000 muertes, más que las que hubo en el conflicto armado (75.000).
«Megacárcel»
Todo comenzó a cambiar el 27 de marzo de 2022. Por pedido de Bukele, el Congreso aprobó un régimen de excepción que faculta a la policía y al ejército a hacer arrestos masivos sin orden judicial. Esa medida fue en medida por un incremento de violencia en El Salvador.
El presidente lanzó redadas masivas en ciudades y construyó la cárcel «más grande de América», para 40.000 reos. En imágenes divulgadas por Bukele se observa a cientos de presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco mientras son trasladados a esta prisión.
Más de 66.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y Bukele parece cerca de acabar con estas temidas bandas.
Antes la inseguridad agobiaba a los salvadoreños, pero ahora el 92% admite que la seguridad mejoró, según medios salvadoreños. «La seguridad está buena, antes no. Hoy nos movemos libremente», dice a la AFP el vendedor ambulante Carlos Dueñas, de 57 años.
Lea además: Nayib Bukele busca eliminar impuestos a la innovación tecnológica
Lo positivo
El investigador Carlos Carcach, de la Escuela Superior de Economía y Negocios, declara a la AFP que «lo que es evidente es prácticamente la neutralización (…) y parece que es el desbaratamiento, de las estructuras pandilleriles, y eso es positivo».
Ahora «hay posibilidades reales de ingresar a múltiples colonias adonde anteriormente era sumamente difícil o riesgoso», reconoce la jefa del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, Laura Andrade.
Lo negativo
Carcach admite que hay también un efecto «negativo», pues se «ha completado el proceso de desarticulación de todo el andamiaje institucional en materia de seguridad púbica y derechos humanos«.
Hubo una «cesión de derechos por parte de la población a cambio de una aparente o real mejoría en la seguridad», afirma.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado los métodos de Bukele. Por su parte, la jerarquía católica, es otro de las organismos que no apoyan las iniciativas del gobernante.
En una misa en memoria del arzobispo Oscar Arnulfo Romero (asesinado en 1980), el cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo que siente «tristeza, frustración, impotencia, vergüenza y sentido de culpa».
«Sentimos culpa porque muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia. Parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo. Estamos gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios«, agregó el cardenal.
De su lado, el juez Juan Antonio Durán afirma que «ha sido un año nefasto» para la justicia «por las violaciones a los derechos humanos» de inocentes a quienes se les detuvo sin «el debido proceso».
Los jóvenes
Antes los jóvenes eran los más afectados por la violencia pandillera, según el gobierno, pero muchos de ellos todavía tienen miedo.
«Antes nuestros jóvenes los acosaban las pandillas. Ahora el joven sale con temor a las calles. El motivo es porque el régimen de excepción también se los va a llevar si le caen mal al soldado o al policía», dice a la AFP el fontanero José Sánchez, de 55 años.
En El Salvador los delitos no dejan de disminuir, tras el estado de excepción que ha decretado el presidente. Esa medida ha hecho que miles de pandilleros estén ahora mismo en prisión.
