TEGUCIGALPA, HONDURAS. El jefe regional de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional en San Pedro Sula, Marlon Teodoro Miranda Velásquez, asegura que el salario que recibía el expolicía asesinado, Wilfredo Salazar Barahona, era bajo el margen de la ley.
«La ley establece que cuando un miembro de la carrera policial tiene un juicio pendiente abierto, solamente queda suspendido de todas sus funciones operativas. Sin embargo, él tenía funciones administrativas, inclusive, firmaba un libro», explicó Miranda.
El vocero de la entidad asegura que mientras al exoficial no le dictaran una condena, podía seguir recibiendo su salario.
«La ley expresa que una vez surge efecto la condena, automáticamente la Policía Nacional lo cancela y deja de ser miembro activo. Sin embargo, a cualquier persona la pueden suspender de su actividades, pero siempre es miembro activo», destaca Miranda.
El vocero comenta que el juicio oral y público donde Salazar conocería sentencia estaba programado para agosto 2019. Él fue suspendido de sus funciones en 2005 por supuestamente estar vinculado al tráfico de drogas.
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No se conocen avances del caso
Aún no se conocen más datos sobre el caso de la masacre en la que fallecieron los ex agentes policiales Wilfredo Salazar Barahona, Erin Amed Robles Déras y Jonathan Hernández, 35 años de edad; este último presuntamente era vendedor de carros.
El hecho ocurrió el sábado anterior a eso de las 5:00 p.m. La escena del crimen se sitúa a inmediaciones del barrio Guamilito de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
Varios sujetos cubiertos con pasamontañas a bordo de una camioneta, se encararon con los ahora occisos y les dispararon, dándoles muerte casi de inmediato.
