Redacción. Después de señalamientos de ciertos sectores opositores del país, la titular de Defensa y precandidata presidencial Rixi Moncada salió a defender el decreto que le da luz verde para realizar contrataciones directas en la institución del Estado.
«Las compras directas son legales y necesarias para la seguridad del pueblo», indicó Moncada a través de redes sociales, asegurando que éstas serán específicamente para la construcción «del Centro de Reclusión de Emergencia, radares, sistema de comunicación, cámaras hiperbáricas, reparación de aeronaves y pista en Gracias a Dios».
La Secretaría de Defensa Nacional (SDN) emitió un comunicado respaldando que el acuerdo de las adquisiciones son legales y necesarias. Recordó que en el Plan de Solución Contra el Crimen, aprobado en junio pasado, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordena a esa secretaría proveer todas las herramientas y la tecnología requerida por las Fuerzas Armadas para impedir que a Honduras «la sigan utilizando como puente para el tráfico de droga».
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Compras directas
«Para cumplir con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, durante el proceso de adquisición de bienes, suministros y construcción de obras; con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Contratación del Estado, se requiere la aprobación y publicación del acuerdo de autorización de la presidenta de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, Xiomara Castro Sarmiento», indica el texto.
Asimismo, detalla que la SDN y las FFAA ejecutarán «un potente programa de equipamiento y construcción de obras. Estas incluyen: reparación y adquisición de radares para vigilancia y control del espacio aéreo y marítimo», además de un sistema de energía para la base naval de Caratasca, la repotenciación del sistema de comunicaciones militares, la rehabilitación de la pista aérea de Gracias a Dios y la instauración de una fuerza de tarea especial en el Mar Caribe. También de la reparación de helicópteros y aviones en mal estado y compra de equipos».
Las compras también las usarán para la construcción inmediata de la primera etapa del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE). Esta cárcel aislará dos mil cabecillas de maras y pandillas en una zona aislada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.
«El acuerdo presidencial para compras directas será aplicado con plena transparencia, cumpliendo las normas legales y técnicas, en defensa de nuestra soberanía. Además, contra la narcoactividad y el crimen organizado transnacional», agregó.
