Redacción. La directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, denunció haber recibido amenazas a muerte y teme que su vida corre peligro.
La defensora de derechos humanos explicó que ha recibido mensajes intimidantes y discriminatorios.
“Seguimos siendo víctimas de la violencia y, sobre todo, de la discriminación. Como sabrán, las amenazas siguen incrementándose a todas las personas trans, específicamente aquellas que defienden y promueven los derechos humanos y que exigen la sentencia Vicky Hernández”, expresó.
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Sentencia de Vicky Hernández
En tal sentido, Ferrera destacó que dicha sentencia despertó una gran esperanza para la comunidad trans. Sin embargo, las autoridades no han cumplido con todo lo establecido en el documento judicial.
Además, la activista comentó que las personas que defiendes esta sentencia reciben amenazas.
«Recibí una llamada y mensajes a mi número telefónico, exigiéndome extorsión y amenazándome a muerte, tratando de intimidarme así mismo me advierte que mis días están contado», expresó.
En este sentido, el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI contabiliza 43 personas de la diversidad sexual asesinadas con saña en lo que va de 2023.
Responsabilidad
El Estado de Honduras reconoció su responsabilidad internacional por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero y defensora de derechos humanos.
El acto público de reconocimiento de responsabilidad se realizó en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras. Mismo lugar donde Hernández, de 26 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza durante un toque de queda en 2009.
El desagravio fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una sentencia el 26 de marzo del año 2021. La Corte consideró que el Estado era «responsable por una violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la privacidad y a la libertad de expresión que incumplió con la obligación establecida para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en su perjuicio».
La responsabilidad del Estado se configuró luego de encontrar varios indicios de la participación de agentes policiales en los hechos.
