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lunes, julio 29, 2024

Revocan medidas sustitutivas a juez implicado en caso Infop

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Redacción. El Ministerio Público (MP) informó que revocaron las medidas sustitutivas a Edgardo Enrique Rivera Argueta, juez implicado en el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop).

El (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), anuló el sobreseimiento definitivo decretado a favor de juez Rivera Argueta, por el delito de prevaricato judicial.

Es por ello que la Corte de Apelaciones declaró parcialmente «a lugar» el recurso de apelación interpuesto por el MP. En consecuencia, ordenaron dictar auto de formal procesamiento contra el imputado.

A Rivera Argueta lo acusaron por los delitos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración de la justicia y la fe pública.

Puedes leer: Dictan medidas sustitutivas a juez por ordenar cierre administrativo de INFOP

Investigación

De acuerdo con la investigación, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció un recurso de amapro interpuesto en 2016 por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes, a favor del señor José Ovidio Rodríguez Vásquez. Esto contra una solicitud del MP para el nombramiento de peritos para analizar documentos del Infop

Presentan requerimiento fiscal contra juez por ordenar el cierre administrativo de INFOP
Requerimiento fiscal del Ministerio Público.

El ente investigativo buscaba analizar, verificar y dictaminar uno de los documentos proporcionados por Infop relacionados con una denuncia hecha por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La denuncia del CNA era en contra de Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez, José Ovidio Rodríguez (este último ostentaba en su momento la calidad de alto funcionario del Estado por ser magistrado de la CSJ).

La Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró con lugar en fecha 22 de noviembre del año 2018 la acción de amparo presentada. No obstante, en ningún momento ordenó al MP que proceda al cierre de la denuncia.

Análisis

Según el criterio fiscal, la actuación del juez ejecutor, Rivera Argueta, abusó de sus facultades. Del análisis de la sentencia de amparo y su aclaración establecieron, aseguran los fiscales, que la sala refirió en su sentencia a cuestiones de competencia.

Determinó que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la investigación de los delitos referidos en la investigación del MP.

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