COSTA RICA.-Un proyecto de ley aprobado en Comisión Legislativa de Costa Rica crea el registro de accionistas al que tendría acceso irrestricto la autoridad tributaria.
El objetivo principal del proyecto contra el fraude fiscal es permitir a la Dirección General de Tributación embargar bienes y cuentas bancarias de los contribuyentes calificados como morosos, con la orden de un juez. Los embargos se podrían extender por un plazo hasta de dos años.
Reseña Nacion.com que «… Con los cambios, Tributación tendría acceso irrestricto a la base de datos del registro bajo la condición de que se les notifique a los accionistas que el Gobierno está consultando su información. No ocurriría lo mismo en el caso de que se trate de una investigación del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)».
«… En cuanto a la figura del juez de garantías, los accionistas podrían recurrir a él para tutelar su privacidad sobre los datos, si consideran que la información se filtró o fue consultada sin previo aviso. El juez tendría la potestad de despedir a los funcionarios responsables de una filtraEmpresas vs. gobierno por registro de accionistas.
PROTESTA
En Costa Rica el sector privado denuncia que el Ministerio de Hacienda falta a la verdad cuando señala como imprescindible crear un registro de accionistas bajo su control para cumplir con la OCDE.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado publicado el Viernes 15 de Enero de 2016:
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), está a favor de que el fraude fiscal debe combatirse y castigarse. También apoyamos la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y del cumplimiento con los principios del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Tributarios.
Sin embargo, el sector empresarial no puede aceptar que el Viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, falte a la verdad y con base en sus palabras, los diputados estén valorando incorporar la creación de un registro de accionistas bajo el control y administración del Ministerio de Hacienda en el proyecto contra el Fraude Fiscal, bajo el argumento de que sin ello, Costa Rica no podría entrar a la OCDE.
Es muy importante aclarar a la opinión pública que la OCDE es respetuosa de la soberanía fiscal y la legislación de los países miembros, así como de los países que aspiran ingresar a la organización, como Costa Rica.
De conformidad con los documentos y criterios emitidos por la OCDE en relación a nuestro país y como resultado de las revisiones que han realizado a la fecha, lo que dicha organización requiere es que nuestro país tenga la capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos para poder intercambiar información tributaria a nivel internacional y con estándares de transparencia internacional.
Nuestra legislación tributaria y comercial, ya incorpora normas específicas que le dan la potestad a la Administración Tributaria para solicitar información de relevancia fiscal, incluida la información de los accionistas de las sociedades.
En palabras del Viceministro Rodríguez en un artículo publicado en el Diario Extra el 14 de diciembre del 2015: “Si quitamos el registro de accionistas no cumplimos con la OCDE”; esta afirmación que además fue expresada a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, falta a la verdad, pues en ninguno de los documentos de comunicación formal del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Tributarios y OCDE con nuestro país, existe la solicitud por parte de OCDE de crear un registro de accionistas.
Según se puede apreciar claramente, tal y como consta en el Anexo 1: Respuesta de la Jurisdicción (Costa Rica) al Reporte de Revisión de Pares II (Página 105) emitido por la OCDE a finales del 2015, este punto particular sobre el registro de accionistas, resulta más bien de un ofrecimiento unilateral de parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y no de un requisito formal y específico de la OCDE.
La misma OCDE ha dejado claro que existen múltiples formas de cumplir con sus recomendaciones sobre estos temas, sin ser el registro público de accionistas la única opción dada o viable para el país. Reiteramos, ese es el camino que por voluntad e interés particular ofreció y quiere imponernos el Ministerio de Hacienda. Lo cual en nuestro criterio pone en riesgo la seguridad física y la privacidad de la información de los contribuyentes de manera innecesaria.
No podemos pasar por alto las falsedades sobre un tema tan importante, dichas por el viceministro Rodríguez, por lo que, dada la pérdida de confianza, UCCAEP lo descalifica como interlocutor con el gobierno.
Como empresarios, UCCAEP se ve en la obligación de informar sobre esta situación a la opinión pública y solicitar a los diputados que aprueben el proyecto de Fraude Fiscal sin el registro de accionistas.ción.»
Fuente: Nacion.com/CentralaméricaData.com
