Redacción. El director para América Latina del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM), Lucas Gallitto, dijo que las leyes para controlar la venta de chips no reducen la criminalidad.
El experto explicó que está el caso de México, donde en 2012 su congreso aprobó un decreto para registrar a los propietarios de las tarjetas SIM. Sin embargo, fue derogado un par de años después por no disminuir la criminalidad y resultar costoso.
«Las actividades extorsivas o delictivas aumentaron. Se derogó luego de 2 o 3 años por ser ineficaz e ineficiente utilizando los recursos públicos y privados no de la mejor manera», señaló.
En ese sentido, Gallitto hizo dichas declaraciones considerando que el Congreso Nacional de Honduras está por discutir en tercer y último debate el proyecto de Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones. Iniciativa que busca crear una base de datos de propietarios de SIM para reducir los delitos como la extorsión.
Por lo anterior, detalló que existirán otros mecanismos en los que los criminales realizarán sus fechorías. Por ejemplo: el uso de SIM extranjeras y mecanismos OTT, como las redes sociales.
«Este tipo de iniciativas no contribuyen a mejorar la situación de la población en relación a delitos extorsivos o similares, sino por el contrario son un elemento que consume los recursos públicos y privados que podrían utilizarse de una manera más eficaz y eficiente», agregó.
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Base de datos
Por su parte, el gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), José Morales, dijo que la iniciativa legislativa pretende crear una base de datos que ordene la gestión que se ha dado a lo largo de los años.
«Sin entregar la identidad puede comprar 10 o 20 chips y eso es atípico. En ningún país del mundo se da ese mecanismo para adquirir SIM cards y teléfonos. La finalidad de este proyecto es valiosa en reducir los altos niveles de extorsión y criminalidad», explicó.
Por ello, detalló que se usará la validación biométrica facial. Es utilizada en el proceso de enrolamiento del Documento Nacional de Identificación (DNI), para identificar a los propietarios de los chips.
Finalmente, agregó que dicho proceso «no es engorroso y viene a darle una seguridad al Estado muy amplia. En el caso de la extorsión lo que hacen es que adquieren un chip, hacen la extorsión, lo eliminan y ponen otro. No hay ningún tipo de control a ese servicio«.
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