Redacción. A partir del 1 de mayo de 2025, los usuarios de telefonía móvil en Honduras deberán registrarse biométricamente para validar sus datos ante las compañías telefónicas. La medida, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), busca frenar la venta indiscriminada de chips y fortalecer la seguridad ciudadana.
El comisionado presidente de Conatel, Lorenzo Sauceda, explicó que desde noviembre y diciembre de 2024, las operadoras comenzaron a vender chips bajo registro biométrico en sus tiendas. Igualmente anunció que en marzo se iniciará la capacitación del personal y la habilitación de los equipos tecnológicos necesarios para este proceso.
Con las nuevas disposiciones, todas las compañías telefónicas deberán registrar los datos biométricos de los clientes al momento de vender un chip, lo que implica la toma de huellas dactilares y el reconocimiento facial del usuario.
Conatel informó además que se está desarrollando una aplicación que permitirá a los usuarios realizar su propio registro y validación de identidad. Esta herramienta será distribuida por las operadoras y estará disponible a partir del 1 de mayo, fecha límite para la actualización de los datos.
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¡Advertencia! Usuarios que no se registren perderán su línea
Sauceda fue enfático al señalar que quienes no completen el registro perderán su número telefónico. «Quien no realice ese trámite perderá su número de teléfono», puntualizó el funcionario.
La medida ha generado preocupación entre la población, ya que implica que las compañías telefónicas privadas tendrán acceso a los datos biométricos de los ciudadanos. Algunos sectores expresaron su rechazo, argumentando que representa un riesgo para la privacidad y la protección de los datos personales.
El gobierno y Conatel defienden la implementación del sistema como una estrategia para reducir el uso de identidades falsas en la compra de chips y evitar actividades delictivas vinculadas a la telefonía móvil. Pero el debate sobre la seguridad de los datos y el acceso de empresas privadas a información personal sigue abierto entre la ciudadanía y expertos en protección de datos.
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