Tegucigalpa, Honduras.- El todavía designado presidencial, Salvador Nasralla, afirmó que Luis Redondo está cometiendo los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios al evitar que el pleno del Congreso Nacional discuta su renuncia para participar en las elecciones del 2025, argumento que secundan expertos, quienes además catalogan como delito el accionar de Redondo.
El pasado miércoles 24 de abril, luego de que el secretario del CN leyera la renuncia de Nasralla en la sesión legislativa, Redondo expuso un extenso análisis jurídico y no la sometió a discusión de los 128 diputados, argumentando que al aprobarla se estaría violentando la Constitución de la República.
Tras esto, Nasralla afirmó en un foro televisivo que la acción de Redondo lo lleva a violar el artículo 499, numeral dos, del capítulo VIII del Código Penal de Honduras. «Indebidamente, omite, rehúsa o retarda cualquier acto propio de las funciones que desempeña. En el caso de que los actos se refieran a tareas de justicia, orden público, educación o salud pública y exijan un cumplimiento inmediato, la pena se debe incrementar en un tercio», establece el escrito.
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“Comete el delito de abuso de autoridades y violación de los deberes de los funcionarios, quien se niega abiertamente a dar el debido cumplimento a decisiones u órdenes de la autoridad competente, revestidas de las correspondientes formalidades legales”, expresó Nasralla.
Además, sumó a los delitos que no le dio trámite a la moción de orden de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena. Esta estaba firmada por 71 diputados de las distintas bancadas.
Constitución
Además, Nasralla argumentó que Redondo usurpó las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) al determinar su inhabilitación para los próximos comicios.
«Yo no fui presidente, están metiendo 11 páginas para hablar de reelección presidencial y no he sido presidente. Lo que me quieren hacer, se lo harán a cualquier otro que le tenga miedo con candidato. Estoy defendiendo la democracia y la están violando, tienen miedo porque saben que voy a ser presidente», señaló.
Cerró detallando que él, efectivamente puede ser candidato presidencial. Su argumento se basa en el artículo 239 de la Constitución, que establece que quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo no pueden reelegirse como presidente o designado. Nasralla también se amparó en el artículo 240, que dice que no pueden ser presidentes los funcionarios que hayan ejercido 6 meses antes de la elección del nuevo presidente. Ninguno de estos casos contravendría a Nasralla para optar por la presidencia.
Redondo usurpó funciones
Sobre el tema, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos catalogó como delito la acción de Redondo al evitar someter la renuncia de Nasralla ante el pleno y usurpar las funciones del CNE.
«Yo lo catalogo como un delito, por usurpar funciones del pleno de la cámara. Él no es el dueño del Congreso. (El CN) es un órgano colegiado donde quienes toman las decisiones son 128 diputados. No se puede convertir en el árbitro o el dueño del CN para decidir qué cosa sí conviene o no que los diputados discutan», manifestó.
Asimismo, reprochó que Redondo expusiera que la Constitución le dio las facultades para su accionar. En ese sentido, explicó que en realidad «no le confiere ninguna facultad para decir qué sí o no se va a discutir en el pleno».
«Usurpa las funciones del CNE. Él no es quién para determinar la legalidad o ilegalidad de una persona que todavía no está participando en el proceso electoral, pero que a futuro pretende hacerlo. No puede conculcar los derechos ciudadanos y políticos a Nasralla», manifestó.
Concluyó señalando que «es algo insólito. Algo que no se había visto en el Congreso, que un presidente se negase a someter ante el pleno».
El análisis pudo servir para debate, no para negarle el derecho
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, es del criterio de que el análisis jurídico de Redondo no tenía los fundamentos para obstruir la renuncia de Nasralla.
«El Congreso Nacional tiene como órgano colegiado la atribución de decidir sobre la renuncia de Salvador Nasralla. El análisis jurídico que se leyó pudo servir para debate, pero no para negar el derecho a los diputados a deliberar sobre la decisión de aceptar o no la renuncia», escribió en su cuenta de X.
Solórzano indicó que es un momento incierto para determinar si el designado presidencial al renunciar queda inhabilitado, pues el CNE aún no convoca a elecciones.
“Se debe de considerar en la agenda legislativa la renuncia del designado presidencial. Los diputados son quienes deben decidir sobre la admisión o no. La opinión emitida es ilustrativa y el intérprete último de la Constitución es la Sala de lo Constitucional y no quien ejerza la presidencia del Congreso. Lo que ocurrió es un exceso de poder. Por lo que hacemos un respetuoso llamado a la reflexión para evitar un conflicto político”, sentenció.
Puede generar responsabilidad internacional del Estado
El abogado especialista en derecho internacional, Joaquín Mejía, sostuvo que, para que la renuncia no sea admisible, debe pasar por el pleno. Además, recalcó que Nasralla no tiene obstáculo para participar en las próximas elecciones.
«Salvador Nasralla no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato. En materia de derechos políticos, la Junta Directiva y el pleno del Congreso Nacional tienen la obligación de realizar una interpretación conforme al principio pro persona. Es decir, adoptar la interpretación que más ampliamente protege los derechos y no la más restrictiva», señaló.
Agregó: «Para que una limitación a los derechos políticos de Salvador Nasralla sea admisible y no se preste para una aplicación abusiva, debe pasar por el test tripartito de la legalidad, legitimidad y necesidad».
Mejía cerró afirmando que el no darle trámite a la renuncia ante el pleno podría «generar la responsabilidad internacional del Estado«.
Aún queda un camino largo por recorrer para alcanzar las próximas elecciones. No obstante, las discusiones y los intereses políticos comienzan a manifestarse. Mientras tanto, la población continúa esperando un candidato de una línea partidaria que busque los intereses de la sociedad.