TEGUCIGALPA, HONDURAS. Obstaculizar las sesiones en el Congreso Nacional constituye una serie de faltas graves que pueden escalar a traición a la patria por parte de sus participantes.
Expertos consultados por Diario Tiempo indicaron que irrumpir el curso de las sesiones del Poder Legislativo atenta contra la forma de gobierno. Debido a esto, Luis Redondo incurriría en delitos de esta categoría.
En este sentido, el abogado y analista político Raúl Pineda Alvarado manifestó que en el artículo 193 de la Constitución de la República afirma que no se puede impedir la acción.
«La institucionalidad y la necesidad de la existencia del Estado trasciende, supera, la de los propios diputados. Por eso, en harás de la sostenibilidad de la labor de representación, legislación y control que juega el Congreso, no puede ser obstaculizada ni por el mismo Congreso», detalló.
Del mismo modo, el jurista manifestó que el Congreso Nacional no puede autoeliminarse debido a esta normativa.
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«Cualquier actividad orientada a este propósito es considerada un delito contra los poderes del Estado. Se dan dos situaciones: Una mediante la cuál cinco diputados pueden requerir la integración del Congreso en cualquier parte del país; otra mediante el número de mayoría absoluta, es decir 65 diputados», indicó.
A su vez, Pineda aseguró que nadie puede cerrar el Congreso Nacional bajo ninguna circunstancia.
Por su parte, el abogado constitucionalista Javier Sandoval manifestó que se debe de erradicar cualquier intento de no seguir la normativa establecida.
«Debemos de erradicar esa conducta. Debemos de apegarnos a la norma», manifestó.
Papel de la oposición
En este sentido, el abogado Pineda indicó que los diputados de la oposición política (Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras) están amparados legalmente para sesionar.
«Los diputados de la oposición están en una oposición incomoda, pero correcta. En derecho constitucional, la normativa primaria los ampara en este sentido», indicó.
Del mismo modo, el jurista explicó que la raíz del problema que enfrenta el país es política debido a que no se respeta de la decisión de la mayoría.
«El problema de Honduras es de patología política, donde la mayoría tiene un criterio y una minoría se impone. Se han dado dos casos particulares, el caso de la directiva del Congreso Nacional que parte de los diputados propietarios no avalaban la candidatura del candidato Redondo y el último caso es la elección de los fiscales», destacó.
Además, Pineda indicó que la minoría se continua apoderando de este poder del Estado por lo que son necesarias respuesta políticas.
«La mayoría estaba opuesta a esa asignación. Sin embargo, se impuso la minoría. Ante estas situaciones políticas, las respuestas deben ser políticas», detalló.
Participación indirecta
Por su parte, Sandoval destacó que la oposición participó de manera indirecta en la crisis política que enfrenta el país.
«Hemos apoyado algunas posiciones de la oposición. Este caso, sentimos que la oposición ha sido cómplice de lo que hoy está ocurriendo. No hay ignorancia, no hay inocencia en todos los casos que se llevaron a cabo», afirmó.
Del mismo modo, Sandoval manifestó que no se debió esperar a que llegara el último momento para actuar en esta situación.
«Por lo tanto, que la oposición haya permitido llegar hasta eso es una vergüenza y es una situación que la historia les pasará factura», detalló.
Además, el experto en leyes indicó que la oposición pudo contrarrestar estas acciones si hubiera actuado a tiempo.
Penas para infractores
El abogado y analista político Raúl Pineda indicó que las penas paras las personas que atentan en contra las actividades del Congreso Nacional son graves.
«Son delitos que van en contra de la existencia del Estado y contra el modelo democrático que ha optado la sociedad hondureña», señaló.
Del igual manera, el jurista reveló que este es el primer Congreso en la historia reciente en la que la mayoría no manda.
«Es el único Congreso del que se tiene noticias en el pasado reciente en el que la mayoría no manda y donde las decisiones no orbitan en la mayoría de votos de una asamblea parlamentaria», comentó.
Por su parte, Sandoval criticó en que los diputados cuenten con «impunidad legislativa» y no puedan procesarlos por estas acciones.
«Por más que todos digamos que hay que denunciar, que hay que señalar, que hay que enjuiciar o procesar este tipo de acciones, por ahora, lo único que queda para poder deducir responsabilidad posteriores es el delito de traición a la patria», aseguró.
Juicio político
Pineda señaló que las personas que pusieron a Redondo como presidente del Poder Legislativo tienen en sus manos la decisión de un juicio político.
«Para eso se requiere de la decisión política de los mismo que pusieron a Redondo. Hasta este momento ha cumplido los propósitos y las intenciones de los que lo pusieron. No veo una necesidad política de que este grupo que lo patrocinó, lo vaya a someter a juicio político», indicó.
De igual manera, el abogado indicó que la presidenta Xiomara Castro debió haber pedido su renuncia a titulo personal.
«Estamos preparando las condiciones para una tormenta política perfecta. Vienen decisiones difíciles de tomar», aseguró.
Por su parte, el abogado Javier Sandoval manifestó que políticamente es imposible que proceda un juicio en contra de Redondo aunque debería de ocurrir.
«El problema es quién lo va a pedir, a quién se lo van a pedir, quién lo va a aprobar si se necesita mayoría calificada. Legalmente es posible, es viable, pero políticamente es imposible», explicó.
Mientras la oposición insiste en que el oficialismo persigue la intención de disolver el Congreso, lo cierto es que Luis Redondo, violenta una vez más la Constitución de la República, esta vez al impedir que más de 65 diputados celebren sesiones en el hemiciclo legislativo.