TEGUCIGALPA, HONDURAS- El Poder Judicial declaró inadmisible la reciente petición que realizó la diputada Sara Medina para que se le explicara la razones por las que se le investiga.
El recurso fue interpuesto hace unos meses por la defensa de la parlamentaria.
Jorge Alcides Martínez, abogado de Medina, se encargó de presentar la petición ante la Sala Constitucional del Poder Judicial; no obstante, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró el recurso de amparo como inadmisible.
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Resolución
«Es inadmisible el recurso de amparo interpuesto por el abogado Jorge Alcides Martínez Servellón, contra las actuaciones del Ministerio Público por tener expeditos recursos para obtener la subsanación del acto reclamado en amparo”.
Lo anterior es un fragmento de lo que el Poder Judicial resolvió sobre la petición de la parlamentaria nacionalista.
Es por ello que el ente judicial reconoció las investigaciones que la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) realiza en contra de Sara Medina.
El origen de la investigación radica en la reformas a la Ley de Presupuestos, en donde se determinó la participación de la diputada.
El caso era investigado por la Misión de Apoyo Contra Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), liderada en ese entonces por Juan Jiménez Mayor.
En ese sentido, la misión internacional catalogó el caso como «Pacto de Impunidad», a inicios de este año 2018, cuando se dio a conocer la investigación.
Hasta ahora, la defensa de la diputada ha guardado silencio sobre la resolución de la Corte, por lo que se desconoce las acciones que emprenderán.
Diputados investigados
- Francisco Rivera
- Milton Puerto
- Tomás Zambrano
- César Handal
- Juan Carlos Valenzuela
- Welsy Vásquez
- Román Villeda
- Antonio Rivera Callejas
- Mario Pérez
- Rolando Dubón Bueso.
Para la Maccih, la Ley de Presupuestos, frenaba las investigaciones, iniciadas en ese tiempo, en contra de altos funcionarios en Honduras.
Ya que, según indicó Jiménez Mayor, la ley establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayuda asociales.
Lo anterior incluye los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y organizaciones no gubernamentales.
