Con la integración de la Junta Nominadora se pone la primera piedra para la escogencia de los candidatos para la elección, por el congreso nacional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que sucedería a la actual en enero del próximo año.
En nuestro país el proceso de selección de los candidatos a magistrados de la CSJ es un tanto complicado, y, aunque se pretenda lo contrario, es de índole política por excelencia, pues corresponde al Poder Judicial garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, la regulación de la vida social.
El advertir que la elección de los magistrados de la CSJ es un acto político por excelencia no significa, en la doctrina y la práctica republicana, que la función judicial esté sometida a la autoridad política, como sucede actualmente en Honduras de manera peyorativa.
La función judicial, bien se sabe, ha de ser autónoma y su esencialidad política, por así decirlo, se desprende de su jurisdicción, de su ámbito legal, que es el denominador común de la construcción del Estado, en conformidad con el principio del derecho público.
Decimos esto sin ánimo teorizante, y más con el propósito de procurar una mejor comprensión de la importancia capital de la impartición —y administración— de la justicia para la vida del país y su desarrollo democrático, que le es indispensable la existencia de un Poder Judicial independiente, autónomo, con vocación y determinación de actuar objetivamente y con imparcialidad.
En las circunstancias actuales, en que el sistema de corrupción que predomina en Honduras ha colapsado la institucionalidad e implantado un régimen totalitario, militarista y de culto a la personalidad, la elección de la Corte Suprema de Justicia reviste gravedad insólita, de muy difícil realización compatible con los códigos de la moralidad política.
La concatenación de los diversos tramos del procedimiento de selección, empezando con esa “primera piedra” de la Junta Nominadora tendría que ser químicamente pura, para figurarlo de algún modo, a fin de que logre la legitimidad —y credibilidad social— necesaria para satisfacer la demanda nacional contra la corrupción y la impunidad, pero también para que se cumpla su función de frenar los desafueros del Poder Ejecutivo, principalmente.
El panorama de esa elección del Poder Judicial no ofrece en estos momentos esa perspectiva de idoneidad, porque, a la vista está, las fuerzas del sistema se presentan alineadas al statu quo unipartidista, no solamente en la parte atinente a la formación del universo de candidaturas, sino en lo que importa —¡y vaya que importa!— a la partidocracia legislativa y los capos de trastienda.
Frente a esa estructura de poder político totalitario va en surgimiento la contraparte: una sociedad hondureña movilizada, una Oposición Indignada con suficiente información y conectividad, dispuesta a la transformación democrática de Honduras, la cual requiere del vehículo estructural que le dé verdadera capacidad operativa.
En una situación así, la tesis del “diálogo” carece de posibilidad. Eso tiene que ver con la miopía de nuestra “clase” política, que no quiere —o no puede— entender que se superponen dos Honduras: la que está secuestrada temerariamente en el poder público, y la otra, mayoritaria, consciente del imperativo de la refundación y del rescate de la soberanía nacional.
