El proyecto de Ley del Presupuesto General de la República de 2016 ha sido introducido en el congreso nacional, y, de acuerdo con la recomendación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), amerita “un debate intenso” para su aprobación por la asamblea legislativa.
Esa recomendación no es para menos, pues dicho proyecto de Presupuesto General, aumentado en 5,8% en relación con el producto interno bruto, PIB, equivalente a 11,300 millones de lempiras, asciende a 185,482 millones de lempiras, para la administración central, más 83,700 millones de lempiras (2,0% PIB) para la administración descentralizada, o sea una suma combinada de 204,000 millones de lempiras.
El secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, afirma que tal Presupuesto General de Ingresos y Egresos será financiado en 94% con fondos propios y 6,0% con recursos externos, con énfasis en inversión social, infraestructura, proyectos hidroeléctricos (Patuca III y Cañaveral), además de refuerzo a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). También se asegura oficialmente que no habrá necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes.
Pero el ICEFI dice otra cosa, preocupante y más creíble por la rigurosidad del análisis técnico. Apenas el 1,0% del total del presupuesto se destinará a servicios comunitarios, vivienda, medioambiente y efectos del cambio climático (sequía), o sea que “no concuerda con los intereses colectivos y el desarrollo de Honduras”.
Cruda realidad: el Presupuesto General de la República 2016 continúa privilegiando la militarización por tercer año consecutivo: el gasto en defensa y seguridad con aumentos de 25% y 58% a lo largo de 2014 y 2015, en contraste con lo aplicado a Salud y Educación, con apenas aumentos de 11,0% y 9,0%, respectivamente.
Se mantiene un bajo nivel de inversión pública en infraestructura, de 1,2% del PIB. “Las alianzas público privadas no contemplan obras nuevas y solo mantenimiento de las existentes”. La deuda pública crecerá en 36,000 millones de lempiras. Preocupa al ICEFI la contratación de deuda externa, a precios de mercado, por ejemplo, de 300 millones de dólares (EUA) con el Banco de Nueva York Mellon y la reducción sustancial de los niveles concesionales de los préstamos externos, de 51,5% en 2010 y 27,4 en 2014.
Y aquí lo más grueso, según el ICEFI: el peso de la deuda pública de 40% de los ingresos tributarios (37,000 millones de lempiras, 7% PIB). En los últimos tres años la administración central ha pagado, solamente por servicio de la deuda (intereses), 80,000 millones de lempiras y se ha endeudado en una cantidad similar. O sea que ha contratado deuda para pagar deuda.
La meta de recaudación fiscal es, en 2016, de 80,000 millones de lempiras (17,0% PIB), “meta ambiciosa, tomando en cuenta la actividad productiva y la inflación moderadas”. Va decir, sin amabilidad, la casi nula actividad productiva y la inflación creciente.
El gobierno promete un crecimiento económico de 3,8% este año y de 3,0% en 2016. Pero, como dicen por ahí, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.
