Redacción. El presidente de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), Jorge Jiménez, denunció al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, por revelar que cuenta con medidas de seguridad en un medio de comunicación.
El representante de la organización interpuso el reclamo ante el Mecanismo de Protección vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos.
El altercado entre el defensor de los derechos humanos y el funcionario surgió tras las declaraciones de Jiménez sobre la desaparición y muerte de cinco jóvenes que hacían una mudanza a la colonia Mirador de Oriente.
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Según el presidente de Joprodeh, las autoridades ya conocían los detalles del crimen y no los revelaron para no opacar el Foro de Sao Paulo.
Del mismo modo, Jiménez destacó que tras sus palabras, comenzó a recibir amenazas de muerte. Ante lo manifestado, Sánchez respondió que el defensor de derechos humanos estaba molesto con la Policía Nacional.
«Él está molesto porque tiene medidas, quiere utilizar los recursos de la Policía para asuntos personales, quiere que lo cuiden sin uniforme y que le anden cargando sus cosas», señaló el secretario.
Mecanismo de Protección
Jiménez aseguró que las declaraciones del ministro de Seguridad violaron el acuerdo de confidencialidad que estipula la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
«No debió dar ese tipo de declaraciones porque en mi caso me ponen en mayor vulnerabilidad», sentenció el representante de sociedad civil.
Del mismo modo, el presidente de Joprodeh señaló que las palabras de Sánchez son absurdas debido a que él asume la responsabilidad de los agentes.
«Lo que dijo es absurdo porque quien tiene un gasto por el tema de la seguridad es su servidor porque yo presto el carro para trasladar a los policías para los cambios de relevos, les doy su alimentación, asumo la dormida de ellos. Cuando salgo de viaje, yo asumo el tema de viáticos de los muchachos», señaló.
Además, Jiménez aseguró que presentará la denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) cuando retornen a sus labores.