Presentan requerimiento fiscal contra alcalde de Humuya Comayagua

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La compra del terreno fue en la corporación municipal del periodo 2014-2018.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por la compra irregular de un terreno presentan un requerimiento fiscal contra el alcalde y ex regidores de la corporación municipal del periodo 2014-2018, de Humuya, Comayagua.

El requerimiento, fue presentado por la Fiscalía Especial Para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), adscrita a la Fiscalía Regional de Comayagua. Además, se informó, que a estos se les acusa del delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.

De la misma forma, indicaron que estos delitos se deben a que en esta corporación se aprobó una compra directa de un terreno propiedad de la esposa del edil.

El requerimiento, fue presentado luego de un antejuicio declarado con lugar por la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción de Tegucigalpa.

A través de este antejuicio se confirmó que existen elementos suficientes para iniciar la acción penal en contra del jefe edilicio.

Seguidamente se informó que el terreno tiene una extensión de 2,543.91 metros cuadrados y costó 500 mil lempiras.

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Una posta policial se iba a construir en el terreno

Por otra parte, se indicó que el MP en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), iniciaron las investigaciones en 2017. Se conoció que estos dos entes lograron establecer que existió la compra del terreno a la esposa del alcalde. Además, se logró comprobar que en esta compra se omitieron las prohibiciones establecidas en la Ley.

Ante lo anterior, la FETCCOP de esa ciudad presentó la acusación y solicitó al juez competente la citación de los imputados.

Informe elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas

Por su parte, el informe de auditoría 038-2016 DAM-CFTM-AM-B, que realizó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), muestra que el edil abusó de su poder y ordenó la compra del terreno.

De la misma forma, este informe menciona que la la corporación no pidió a la Dirección General de Bienes Nacionales que nombrara una comisión evaluadora del terreno, tal como
lo exige la ley.

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