Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional, con la presencial del secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, conoció la iniciativa de Ley que crea la Corporación Nacional del Ferrocarril Interoceánico (CONFI).
CONFI será una entidad pública con autonomía plena que tendrá la responsabilidad de estructurar, administrar y ejecutar el megaproyecto de transporte logístico, declarado de interés público y prioridad estratégica nacional.
Contempla que el proyecto del Ferrocarril Interoceánico debe ser declarado como un asunto de seguridad estratégica del Estado, y su desarrollo se concibe como una plataforma de integración regional, atracción de inversiones y desarrollo territorial con enfoque sostenible.
La finalidad de esta ley es establecer un régimen jurídico especial que brinde seguridad y claridad para la participación del Estado, inversionistas privados y gobiernos extranjeros, en un marco moderno, transparente y estable.
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El Estado de Honduras mantendrá una participación mayoritaria del 51% en la corporación, mientras que el 49% restante podrá ser adquirido por Estados extranjeros o empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, interesadas en invertir y operar el proyecto.
El proyecto abarca el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un sistema intermodal de transporte de carga, conectando los litorales Atlántico y Pacífico. Incluirá componentes ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, viales, logísticos, energéticos y ambientales.
La corporación tendrá su domicilio en Tegucigalpa, aunque podrá establecer oficinas regionales o internacionales, con jurisdicción en todo el país. La entidad tendrá duración indefinida, será descentralizada y contará con un régimen jurídico especial con autonomía en su funcionamiento.
Estructura
Su estructura de gobierno estará conformada por el Consejo Directivo, la Gerencia General, un Comité Consultivo Internacional, y otros órganos creados por reglamento interno.
El Consejo Directivo estará integrado por representantes del Estado y de los socios internacionales y privados. Será presidido por un representante estatal y tomará decisiones clave de planificación e inversión.
La Gerencia General ejecutará las políticas del Consejo Directivo. Su titular será electo por mayoría entre los socios, preferiblemente escogido entre los socios internacionales, con criterios técnicos.
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El proyecto contará con un Plan Maestro aprobado por el Consejo Directivo, el cual incluirá la visión estratégica, fases, cronogramas, riesgos y modelos de financiamiento.
Se ejecutará en cinco fases: preinversión y estudios, estructuración financiera, construcción, operación y mantenimiento.
CONFI podrá establecer asociaciones estratégicas como sociedades mercantiles, consorcios o acuerdos bilaterales con Estados, respetando la soberanía nacional.
Bonos
El proyecto podrá financiarse con recursos propios, créditos, cooperación internacional, bonos, fondos públicos y otras fuentes legales.
El Estado está facultado para emitir bonos soberanos destinados específicamente al proyecto, respetando la responsabilidad fiscal. Se establece un régimen especial de contratación, privilegiando la transparencia, eficiencia y estándares internacionales.
Se permitirá la contratación directa en casos de urgencia o complejidad técnica, y mediante convenios intergubernamentales. El Comité Consultivo Internacional estará conformado por expertos internacionales, emitiendo recomendaciones técnicas y éticas sin carácter vinculante.
Los socios estratégicos podrán acceder a incentivos de inversión según la normativa vigente y tratados internacionales.
El Estado garantizará el acceso a tierras mediante compra directa o expropiación, respetando el debido proceso y derechos humanos. El proyecto se desarrollará bajo principios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y adaptación al cambio climático.
Las licencias ambientales serán gestionadas prioritariamente por las autoridades, con acompañamiento internacional. Establece la aplicación de consultas libres e informadas con las comunidades locales, que también tendrán programas de empleo y formación técnica.
Los activos de CONFI serán de interés público, y los socios tendrán derecho a utilidades proporcionales a su participación accionaria. Los inversionistas extranjeros estarán protegidos por tratados internacionales y podrán acceder a mecanismos internacionales de solución de disputas.
Se permitirá la contratación de personal técnico nacional o internacional, bajo esquemas flexibles que respeten los derechos laborales.
Acuerdos
El Estado garantizará la seguridad física, jurídica, digital y estratégica del proyecto, con apoyo de organismos nacionales e internacionales.
Se implementará un sistema de gestión de riesgos operativos, financieros y ambientales, siguiendo estándares internacionales.
El proyecto será objeto de auditorías continuas por parte del Tribunal Superior de Cuentas, firmas internacionales y veeduría ciudadana.
Habrá un portal de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas periódicas ante el Congreso y la ciudadanía.
Funcionarios y socios deberán cumplir con un código de ética, normas de integridad y prevención de conflictos de interés.
CONFI podrá suscribir acuerdos con gobiernos, organismos multilaterales, universidades y bancos de desarrollo.
Podrán desarrollar obras de infraestructura complementaria, como puertos, subestaciones, corredores logísticos y centros tecnológicos.
La ejecución podrá ser observada por entes internacionales para garantizar estándares de transparencia y derechos humanos.
Los contratos podrán someterse a jurisdicción arbitral internacional, conforme al derecho internacional público y privado.
Cláusula
Se garantizará la inclusión de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes, con participación equitativa y no discriminatoria.
La entrada en operación de cada componente será definida por el Consejo Directivo según criterios técnicos y de sostenibilidad.
CONFI se articulará con todas las instituciones del Estado y gobiernos locales, así como con socios estratégicos internacionales.
La ley y avances del proyecto los difundirán en medios nacionales e internacionales, destacando su impacto y oportunidades.
Se establece una cláusula de prevalencia, dando prioridad legal a esta ley sobre otras normativas en caso de conflicto.
El Consejo Directivo tendrá al menos nueve miembros, con mayoría del Estado hondureño. Sus decisiones requerirán mayoría simple o calificada según reglamento.
La corporación deberá publicar informes técnicos y financieros en medios nacionales e internacionales para garantizar la transparencia.
Permitirá el monitoreo internacional por parte de organismos multilaterales, universidades y observadores independientes.
Se fomentará el uso de tecnología de punta y la transferencia de conocimiento mediante convenios con centros de excelencia y empresas líderes.
El proyecto se concibe como una plataforma de integración continental, y la ley autoriza iniciativas de cooperación en comercio, resiliencia y sostenibilidad.
Finalmente, se establece que en un plazo máximo de 90 días desde la vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo deberá emitir su reglamento y constituir el Consejo Directivo. Para la elaboración del dictamen de esta Ley, nombraron una comisión especial.
